Entre marzo y julio del año pasado estallaron en Panamá fuertes protestas sociales contra la aprobación de la Ley 462 (Caja del Seguro Social), la reactivación de la explotación minera y el acuerdo de entendimiento firmado con Estados Unidos. La respuesta del Estado fue inmediata y brutal, en especial contra el movimiento obrero.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) fue uno de los que más sufrieron la represalia persecutoria del presidente José Raúl Mulino.

Los ataques a esta organización fraterna se saldaron con más de 600 detenciones, un centenar largo de militantes judicializados, decenas de heridos y torturados, 25 allanamientos a locales gremiales o viviendas de dirigentes, cinco directivos sindicales con orden de captura, tres casos de abuso sexual, 15 cuentas bancarias cerradas y una acción para disolver a la organización.

Después de firmar trece convenios colectivos con la Cámara Panameña de la Construcción, por primera vez las autoridades del Ministerio de Trabajo rechazaron la presencia del Suntracs en la nueva negociación.

“Todo es parte de un plan antisindical que también está en marcha contra otras organizaciones.

Nos persiguen porque siempre hemos estado al lado del pueblo y de sus demandas, reclamando el respeto de los derechos de trabajadores y trabajadoras”, aseguró Yamir Córdoba, secretario general del Suntracs, en una reciente entrevista a La Rel.

El año pasado, Chiquita Panamá anunció el despido de unos 5.000 trabajadores de sus plantaciones en Bocas del Toro, luego de que un juzgado laboral declarara ilegal la huelga indefinida iniciada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) contra la reforma de la Caja del Seguro Social (Ley 462).

Pasó un año y la situación en la región bananera es devastadora. Tras la desmedida represión lanzada luego del decreto que instauró un “estado de urgencia”, todavía no se conoce el saldo de muertos y heridos.

En esas circunstancias Chiquita Panamá firmó con el gobierno un memorando de entendimiento.

Por ese acuerdo, la trasnacional brasileña tendrá a su cargo la supervisión técnica, el control de calidad, el transporte, la exportación y la comercialización del producto.

El acuerdo prevé también la instalación de una mesa técnica de seguimiento y tendrá una vigencia de dos años.

Aunque suena auspicioso, la realidad es muy diferente.

“Sitraibana fue diezmado. La producción se reactivó a partir de enero, pero en base a empleos informales, contratos de apenas tres meses, sin estabilidad, ni negociación colectiva y con jornadas de trabajo extenuantes”, dijo a La Rel el ex secretario general del sindicato Abel Becker.

El Comité Ejecutivo Latinoamericano se solidariza con ambas organizaciones víctimas de la persecución del gobierno de José Raúl Mulino.

La Rel UITA se compromete igualmente, a brindar la más amplia difusión internacional y dar acompañamiento constante a las acciones que nuestras dos organizaciones fraternas realicen en defensa de sus derechos y de sus militantes y dirigentes acosados por un gobierno extremadamente autoritario y represor.