Tras el derrocamiento de Jacobo Árbenz (27 de junio de 1954), nuestra familia, como tantas otras, emprendió aquel largo camino de la diáspora.

Salimos de Guatemala acompañando un sueño derrotado, atravesando fronteras y silencios, para encontrar refugio en una tierra hermosa que había hecho de la paz sin ejército una forma de identidad. Allí aprendimos a vivir con las ausencias.

Algunas heridas cerraron lentamente bajo la lluvia y los cafetales de Costa Rica; otras permanecieron abiertas, latiendo bajo la piel de la memoria. Pero jamás abandonamos la esperanza de contemplar algún día el pleno advenimiento de la democracia en la tierra que habíamos dejado atrás.

En el contexto de las nuevas tensiones geopolíticas del continente, este octubre vuelve a teñirse de presagios para Guatemala. Muere un amigo. Muere un colega. Muere una voz incómoda. Y con su muerte regresan los fantasmas que la historia nunca terminó de sepultar.

La información divulgada por la prensa señala que la embajada de Estados Unidos rechazó cualquier participación de agencias estadounidenses en los hechos denunciados por Solórzano Foppa.

Tal vez transcurran años, quizás décadas, antes de que los archivos reservados, las comunicaciones diplomáticas y los documentos hoy inaccesibles puedan ser examinados por historiadores e investigadores. América Latina conoce demasiado bien la lentitud con la que los secretos de Estado abandonan las sombras.

Los análisis surgidos tras su asesinato recuerdan que las denuncias formuladas por Solórzano Foppa despertaban enorme interés público. Hasta ahora no existe una conclusión oficial que confirme sus afirmaciones sobre eventuales responsabilidades internacionales.

Sin embargo, la cuestión esencial permanece intacta: ¿posee el Estado guatemalteco la voluntad y la capacidad de investigar este crimen hasta la profundidad de sus raíces? Porque una investigación verdadera no solo exige identificar a quienes ejecutan una orden, sino también seguir el rastro de quienes la conciben, la financian, la protegen o se benefician de ella.

A treinta años de los Acuerdos de Paz, que mi familia y yo recibimos con lágrimas en los ojos y una esperanza largamente aplazada, pareciera que las puertas de la democracia que entonces comenzaban a abrirse vuelven a cerrarse lentamente.

Guatemala continúa siendo para muchos de nosotros esa patria inconclusa, suspendida entre la promesa de la leche y la miel y la amarga persistencia de sus viejos demonios.

Porque esta no fue una denuncia aislada ni una voz marginal. Juan Francisco Solórzano Foppa se había convertido en una de las referencias más visibles del debate público guatemalteco en asuntos relacionados con la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, las redes clandestinas de poder y la captura parcial de instituciones estatales.

Su asesinato, ocurrido apenas 48 horas después de una de sus denuncias más controvertidas, produjo una conmoción que trascendió los círculos políticos.

Aunque hasta el día de hoy no existe prueba pública que establezca una relación causal entre aquella denuncia y el crimen, la pregunta quedó suspendida sobre la sociedad guatemalteca como una nube oscura que se niega a disiparse.

La historia latinoamericana nos ha enseñado que cuando quienes investigan los vínculos entre el poder político, económico, militar y criminal son silenciados por las balas, la sociedad entera se convierte en víctima.

Por eso este caso remueve una herida tan antigua como el propio continente.

Desde México hasta el Cono Sur, desde las guerras civiles centroamericanas hasta las dictaduras militares del siglo XX, la región ha conocido demasiadas veces el lenguaje de los expedientes desaparecidos, los testigos silenciados y las verdades postergadas.

La familia Solórzano-Foppa forma parte de una tradición intelectual, académica y democrática profundamente vinculada a la historia contemporánea de Guatemala.

Su apellido atraviesa generaciones de compromiso cultural, pensamiento crítico y participación pública. Por ello, este asesinato no se percibe únicamente como la muerte de un individuo, sino como un nuevo golpe contra una memoria colectiva que se ha resistido a desaparecer.

Pero existe además una dimensión que interpela directamente a Costa Rica.

Nuestro país, históricamente reconocido por su neutralidad, su vocación civilista y su condición de refugio para perseguidos políticos de toda América Latina, parece acercarse a una encrucijada silenciosa.

Bajo el argumento legítimo de combatir el narcotráfico, se normalizan cada vez más esquemas de cooperación y seguridad sobre los cuales la ciudadanía debate poco y conoce menos.

La lección guatemalteca debería movernos a la reflexión. Las democracias no suelen perderse de golpe. Se erosionan lentamente. Avanzan primero las excepciones, luego las justificaciones y finalmente las costumbres.

Un día los ciudadanos descubren que aquello que parecía temporal se ha convertido en permanente.

La pregunta, entonces, no es solamente qué ocurrió con Juan Francisco Solórzano Foppa. La pregunta también es qué estamos dispuestos a aprender de su muerte.

Porque los pueblos que olvidan las lecciones de sus vecinos terminan repitiendo sus tragedias.

Debemos preocuparnos seriamente de la presencia de botas militares en el país bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico. ¡Si acaso alguien escuchara nuestras voces!

Y porque quienes alguna vez conocimos los efectos del exilio sabemos que no hay derrota más amarga que descubrir que la historia vuelve a llamar a nuestra puerta con el mismo rostro que creíamos haber dejado atrás.

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