El Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH), cofundado por Krischke en 1979, está movilizado actualmente por la supervivencia de las abejas, “víctimas, ellas también, de un modelo de desarrollo depredador”.
“Las abejas nos dan a los humanos un servicio indispensable: la polinización. Sin ella no podría haber agricultura, no podría haber alimentación. Son indispensables a la seguridad alimentaria de las poblaciones.
Y la seguridad alimentaria es fundamento del derecho más básico, el derecho a la vida. Es por esto que estamos hablando de un tema de derechos humanos”, dice Jair.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), 84 por ciento de las especies vegetales y el 76 por ciento de los alimentos que se producen en el mundo dependen de la polinización.
Pero las abejas se están muriendo. En masa. En Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, “en todos los países en que el modelo promovido por el agronegocio, intensivo en el uso de venenos como los agrotóxicos, se aplica de manera salvaje”.
También, por supuesto, en el primer mundo, pero allí, fundamentalmente en Europa, empezó a esbozarse una reacción de la mano de movimientos sociales y de los propios apicultores.
El Instituto Nacional de Investigación Agronómica francés estimó en 150.000 millones de euros anuales el costo económico para la Unión Europea (UE) de la desaparición de las abejas.
A mediados de este año se presentó ante la UE la Iniciativa Ciudadana “Salven a las abejas”, que plantea proteger el hábitat de estos insectos prohibiendo el uso de algunos agrotóxicos y limitando el de otros, estableciendo zonas de conservación, combatiendo los monocultivos, favoreciendo la agroecología.
Si los promotores de la iniciativa logran un millón de firmas de ciudadanos de al menos siete de los 28 países de la UE antes de junio de 2020, la Comisión Europea estará obligada a analizarla en un plazo máximo de tres meses.
Lo que ha resuelto por ahora la UE es la prohibición temporal del uso de cuatro insecticidas (clotianidina, tiametoxam, imidacloprid y fipronil) particularmente letales para estos insectos.
Cualquiera de ellos se sigue usando libremente en América Latina.
“Che viejo, lo que estamos viviendo en Brasil es terrible. Este gobierno está batiendo todos los récords en su apoyo a las empresas del agronegocio. Les dan todo lo que pidan”, dice Jair Krischke a La Rel.
Y ejemplifica: “este año fueron liberados 269 agrotóxicos, muchos de ellos prohibidos en Europa. Y acá se liberan, se liberan, se van a seguir liberando, porque Jair Bolsonaro prometió sacarles a los empresarios cualquier traba, sea laboral o ambiental. Es una locura”.
“Los sojeros, en especial, hacen lo que quieren y para el gobierno la soja vale más que la gente”.
Los paquetes tecnológicos asociados a la producción intensiva de soja –imperial en los campos del Cono Sur latinoamericano– son los causantes de la mortandad masiva de abejas en la región, recuerda, y destaca que así lo han establecido también asociaciones ambientalistas e investigadores independientes.
“El mes que viene se empieza a preparar al tierra para el cultivo de soja, y los apicultores están muy preocupados, porque nada indica que las cosas vayan a cambiar seriamente”.
Sólo entre octubre de 2018 y marzo pasado, y sólo en el estado de Rio Grande do Sul, murieron unas 500 millones de abejas. “!500 millones, te imaginás. Después que llegamos a esa cifra paramos de contar, porque ya era absurdo!”.
Mata, Santiago, Jaguari, Camponovo, Cruz Alta, núcleo de la producción de miel del estado, están entre las localidades más afectadas.
Jair iba a visitar Mata junto a una delegación de su movimiento en días pasados, pero las lluvias torrenciales se lo impidieron.
El MJDH se ha movilizado junto a APISBio (Articulación por la Preservación de la Integridad de los Seres y del a Biodiversidad que integra la Rel UITA) para “intentar frenar la mortandad de estos insectos tan fundamentales”, dice Jair.
Se presentaron ante el Ministerio Público Federal, ante las fiscalías nacional y estadual, y lograron que se estableciera una “zona de exclusión” para el uso de ciertos agrotóxicos.
Fue un primer paso.
Ahora pretenden ampliar esa zona. “Esa es la idea, pero vamos a conversarla antes con los apicultores. Son ellos los que tienen la última palabra”.
Krischke observa que se está en una carrera contrarreloj. “Lo más urgente es parar esto, pero lo que resolverá la cuestión es cambiar el modelo”, dice.