La fiscalía, que se fundaba únicamente en declaraciones del ex médico auditor de la Obra Social del sindicato, Mario Bertoia, acusaba a Ponce y a su familia de delitos como administración fraudulenta, desvío de fondos, lavado de dinero y otros.
En función de esa denuncia, la justicia dispuso, por ejemplo, el allanamiento de diversos locales, incluida la sede el sindicato, y el bloqueo de distintas cuentas bancarias.
Pero nada pudo probarse.
“Las evidencias recolectadas durante la profusa instrucción han permitido descartar la perpetración de los hechos que dieran origen al legajo y por ende debe ponerse fin al trámite del mismo y dar por terminadas las especulaciones que marcaron su génesis”, determina el tribunal en su fallo, fechado el 11 de septiembre.
Tras conocer la sentencia, Atilra manifestó en un comunicado de su Consejo Directivo Nacional su “profunda indignación y repugnancia” ante la “mentira acusatoria que ha quedado demostrada en la justicia”, y advierte que exigirá “reparación”.
El sindicato manifiesta igualmente que durante todo este tiempo quedó en evidencia “el permanente apoyo y acompañamiento de los trabajadores, que siempre tuvieron claro que se trataba solo de un acto injurioso y difamatorio”.