La pauta de lo que se propone hacer (y ya está haciendo) el gobierno brasileño en esta materia la dieron tanto el presidente Bolsonaro cuando a poco de asumir dijo que gobernaría en favor de los empresarios, como el ministro de Economía Paulo Guedes, para quien la legislación laboral es “un arma de destrucción masiva de empleos”.
Liquidar esas leyes, de aplicación relativa pero vigentes al fin, ha sido uno de los objetivos a los cuales se ha consagrado el Ejecutivo derechista con particular perseverancia, siguiendo y profundizando la labor emprendida por el gobierno precedente de Michel Temer.
La reforma laboral, la de la seguridad social, la de las pensiones han ido todas en ese sentido.
Con las normas regulatorias (NR) la labor de desmantelamiento promete ser sistemática.
La NR 12, por ejemplo, diseñada en 1978 para garantizar la seguridad del trabajador y la trabajadora, señala en un informe el Observatorio Digital de Salud y Seguridad en el Trabajo (ODSST), está siendo demolida desde 2016.
Esa norma, cuya aplicación integral ha sido boicoteada sistemáticamente por las empresas, permitió de todas maneras evitar muchos accidentes laborales que hubieran aumentado aún más las cifras ya tremendamente dramáticas que registra Brasil en este terreno.
Su eliminación o flexibilización, señala el Observatorio, una plataforma desarrollada en conjunto por el Ministerio Público del Trabajo (MPT) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ennegrecerá un panorama ya sombrío.
Es, sin embargo, lo que se está produciendo.
Las cifras son espeluznantes.
“Según los datos oficiales, en Brasil mueren 750 personas por año como consecuencia de accidentes laborales, pero esos números deben ser al menos multiplicados por tres”, dice Geordeci Menezes de Souza, coordinador de la Comisión Intersectorial de Salud del Trabajador y la Trabajadora del Consejo Nacional de Salud (CNS) y dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT).
De acuerdo al último documento del ODSST, de fines de abril pasado, entre 2012 y 2018 murieron en Brasil 17.200 personas como consecuencia de accidentes o enfermedades relacionados con su actividad laboral.
En claro, un promedio de 2.866 al año, o, en otros términos, una muerte cada tres horas y cuarenta minutos.
Año a año, los accidentes son cada vez más frecuentes: la media actual es de uno cada 49 segundos.
Las lesiones más comunes son los cortes y las laceraciones (21 por ciento del total), mientras dedos, pies, manos, rodillas, partes múltiples y articulación del tobillo son, en ese orden, las zonas del cuerpo más afectadas.
Las ocupaciones con mayor número de accidentes son las de alimentador de línea de producción, técnico de enfermería, limpiador, sirviente de obras y conductor de camión.
“El empresariado nunca cumplió a cabalidad la NR 12” a pesar de que sucesivos gobiernos “se prolongaron en todos estos años los plazos de adecuación y le otorgaron líneas de crédito para financiar adaptaciones y cambios de maquinaria”, denunció Geordaci en agosto de 2018.
De haberse aplicado esa norma en su totalidad, señala una nota publicada en la revista digital Rede Brasil Actual (9-8-2018), “no serían comunes las sierras eléctricas de banda como las que se usan en carnicerías, una de las máquinas más peligrosas que puede fácilmente amputar extremidades e incluso matar”.
Los trabajadores y trabajadoras podían al menos exigir la aplicación de la NR 12 y los tribunales laborales estaban obligados a darles la razón y conminar a las empresas a cumplirla, observa el MPT.
Si se la suprime o limita, obviamente, ya no será posible.
“Ya se han promulgado ordenanzas que revocaron gran parte de la NR12, una disposición elogiada a nivel internacional y construida por consenso entre gobierno, empresarios y trabajadores”, alertaba el representante de la CUT y consejero en el CNS el año pasado.
Y el gobierno de Bolsonaro va por más. Pretende arremeter también contra la NR1, la “madre” de todas las normas. “Si se cambia esa se impactará a todas las demás”, afirmaba Geordaci.
Este desmantelamiento de las NR no hará más que aumentar la mortalidad en el trabajo, al ir de la mano con un aumento de la precarización.
Uno de cada tres accidentes laborales afecta a personal tercerizado.
En julio pasado el gobierno de Bolsonaro anunció una “actualización” de la legislación tendiente a “desburocratizar” las relaciones laborales y fomentar el empleo al reducir los costos de las empresas.
Todas las NR vigentes (son 36 que tanto nuestras afiliadas y la Rel UITA contribuyeron a su creación) serán “revisadas” y algunas suprimidas, como la NR2, que exigía una inspección previa a la apertura de pequeños comercios.
Las micro y pequeñas empresas ya no estarán sujetas a la obligación de presentar programas de prevención de riesgos ambientales y de seguridad y salud de su personal y las disposiciones para prevenir accidentes laborales que debían respetar serán “liberalizadas”.
“Estamos arrancando al Estado del cuello del ciudadano”, comentó el jefe de gabinete Onyx Lorenzoni.
Bolsonaro afirmó al mismo tiempo que consideraba injusta la ley que establece la expropiación de las haciendas de los empresarios condenados por recurrir a trabajo esclavo. Todo hace pensar que será suprimida.
Libertad total para explotar y masacrar a trabajadores y trabajadoras.