Imagen: Allan McDonalld | Rel UITAAdama Brasil, la compañía que fabrica este agrotóxico que entró en la composición del agente naranja, de tristísima memoria en Vietnam, es la única que no adhirió a un acuerdo con el MPRS para su empleo en condiciones un poco menos dañinas que las habituales.
El lunes 5, el MPRS pidió a la justicia del estado que a esa firma se le aplicara una multa de 21,77 millones de reales (unos 5,27 millones de dólares), que serían destinados al Fondo de Reconstitución de Bienes Dañados, administrado por el propio Ministerio Público.
Aun cuando la empresa fabricante tenga autorización para el empleo del 2.4 D se la debe castigar porque, “usado como lo usa”, este agrotóxico puede causar severos perjuicios sanitarios, ambientales y sociales, dijo el operador de justicia ambiental gaúcho Alexandre Saltz.
El 2.4 D, uno de los primeros pesticidas sintéticos –comenzó a ser producido en los años 1940-, se utiliza habitualmente en el tratamiento de plantaciones de soja, trigo y maíz.
Investigaciones científicas han comprobado que mata a las hierbas dañinas para esos cultivos, pero también a gran cantidad de especies vegetales que los rodean.
En Rio Grande do Sul, donde el MPRS encargó fiscalizaciones en 23 municipios, se constataron afectaciones graves a plantaciones de uvas, manzanas, frutos cítricos, yerba mate, a la producción de miel, a árboles y otras especies vegetales nativas.
El Ministerio Público presentó estudios que destacan además el alto potencial perjudicial para la salud humana del 2.4 D.
En varios países del norte de Europa y algunas zonas de Canadá y Sudáfrica se lo ha prohibido. La UE tiene a estudio hace años demandas en el mismo sentido.
En 2019 el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina prohibió la fabricación, importación y comercialización de ciertas formulaciones de ese agrotóxico por su “alta volatilidad” y los daños que pueden causar.
El mismo año, los sojeros brasileños lograron, bajo el gobierno golpista de Michel Temer, que se preservara su utilización, pero ante las denuncias presentadas por pequeños productores y organizaciones sociales en Rio Grande do Sul se formó un “grupo de trabajo” encargado de buscar la manera de compatibilizar el 2.4 D con el respeto del medio ambiente y la salud de la población.
El organismo concluyó que se trata de un producto altamente peligroso que es a menudo “mal empleado” y adoptó una serie de normativas y recomendaciones para su comercialización. Adema las burló todas.
Las organizaciones ambientalistas y científicos independientes reclaman su prohibición pura y simple.
Pero el contexto en Brasil todo no es para nada favorable a ese tipo de iniciativas, y tampoco lo es en Rio Grande do Sul.
A fines de junio, la Asamblea Legislativa del estado aprobó un proyecto de ley elevado por el gobierno que flexibiliza la importación y el uso de agrotóxicos prohibidos en origen, modificando radicalmente una norma vigente desde 1982, que había colocado a Rio Grande do Sul en la vanguardia en esta materia.
“Vamos a transformar Rio Grande do Sul en el basurero de productos que están prohibidos en Europa y Estados Unidos, lugares donde son fabricados”, dijo durante la discusión parlamentaria la diputada del PSOL Luciana Genro.
Pero su colega oficialista Frederico Antunes dejó bien claro por dónde van los tantos para el gobierno federal y también para el gaúcho.
“Los agroquímicos son como medicamentos y están aprobados por organismos de control”, dijo Antunes.
En este marco, medidas como la multa por el uso indebido del 2.4 D, aunque sean mejores que nada corren el riesgo de ser apenas un parche, como una gasa sobre una enorme herida que supura.
