Las justificaciones dadas por ambos gobiernos para explicar su gesto fueron similares: injerencia en los asuntos internos, amenaza a la seguridad nacional y a la paz.
Este martes 4, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ratificó su decisión de impedir el ingreso al país del presidente de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velázquez, y de no renovar el mandato del organismo, que había desempeñado un papel fundamental en la denuncia de tramas de corrupción en el país en las que estaba implicado el propio mandatario.
La impunidad de tanto crimen (la corrupción está íntimamente ligada al saqueo y la represión desde los aparatos del Estado), que había sido en algo resquebrajada, la tendrá más fácil para volver por sus fueros.
Lo mismo ocurrirá en Nicaragua. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que continuará “monitoreando” la situación en el país desde Panamá, pero reconoce que “la protección de los civiles será cada vez más difícil” por la desaparición de uno de los escasos controles del accionar del Ejecutivo.
La misión enviada por la ONU acababa de publicar un informe lapidario para el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La Rel-UITA ratifica su solidaridad con la resistencia de ambos pueblos y su decisión de continuar luchando contra las violaciones a los derechos humanos y la corrupción allí donde tengan lugar.
En Costa Rica, Gerardo Iglesias