Estamos ante una huelga de ámbito estatal porque los problemas que la motivan afectan al conjunto de la clase trabajadora.

La pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral, los precios desorbitados de la vivienda y el aumento de los gastos básicos forman parte de una realidad que se extiende por todo el país.

Sin embargo, hay territorios donde estas dificultades se manifiestan con especial intensidad. Málaga es, sin duda, uno de ellos.

La situación que vivimos en Málaga y su provincia constituye un ejemplo evidente de las contradicciones de un modelo económico que parece funcionar muy bien para algunos, pero que cada vez deja a más personas atrás.

Málaga se ha convertido en uno de los grandes destinos turísticos de España. Los récords de visitantes y la rentabilidad del negocio turístico se presentan como indicadores de éxito económico.

Sin embargo, detrás de esas cifras se esconde una realidad cada vez más preocupante: los vecinos están siendo expulsados de sus barrios porque, sencillamente, ya no pueden permitirse vivir en ellos.

Según datos del INE de mayo, Málaga es la provincia española con mayor número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales, con más de 45.000. Al mismo tiempo, los precios del alquiler se encuentran entre los más elevados del país, muy por encima de las medias nacional y andaluza.

Aunque las dificultades para acceder a una vivienda afectan a numerosos territorios del Estado, en Málaga adquieren una dimensión especialmente preocupante.

La presión turística, la proliferación de viviendas destinadas al alojamiento vacacional y la insuficiente oferta de vivienda residencial están contribuyendo a disparar los precios y dificultando enormemente que las familias trabajadoras puedan permanecer en sus municipios y barrios.

No estamos ante una situación casual ni ante un problema puntual del mercado inmobiliario.

La turistificación está transformando nuestros barrios y municipios, desplazando progresivamente la vivienda habitual en favor del alojamiento turístico.

Los alquileres se disparan, los contratos residenciales desaparecen y miles de familias, jóvenes y trabajadores se ven obligados a abandonar los lugares donde han desarrollado sus vidas.

A esta realidad se suma la falta de voluntad política para utilizar todas las herramientas disponibles.

El gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, y el Ayuntamiento de Málaga, ambas administraciones gobernadas por el Partido Popular, siguen sin declarar ningún municipio como zona de mercado residencial tensionado, a pesar de que la Ley estatal 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, contempla esta posibilidad para los territorios que cumplen los requisitos legales.

La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que una provincia que encabeza el ranking nacional de viviendas turísticas y soporta algunos de los alquileres más caros de España no haya conseguido activar esta herramienta en ninguno de sus municipios?

Más aún cuando las experiencias de otras ciudades y territorios donde se han declarado zonas de mercado residencial tensionado y se han aplicado medidas de regulación muestran que es posible contener la escalada de los precios del alquiler.

¿Por qué renunciar a utilizar herramientas que pueden contribuir a aliviar la situación de miles de familias?

No se trata de estar en contra del turismo. El turismo genera actividad económica y empleo, pero no podemos aceptar que su crecimiento se produzca a costa de expulsar a la población residente.

No podemos normalizar que quienes trabajan en Málaga no puedan vivir en Málaga, que nuestros jóvenes tengan que marcharse y que nuestros barrios pierdan su identidad, su comercio tradicional y su tejido vecinal.

El turismo no puede estar por encima del derecho a la vivienda. Málaga no puede convertirse en un territorio para visitantes mientras sus propios vecinos se ven obligados a marcharse.

Pero la vivienda no es el único motivo de esta huelga. Existe una relación directa entre el precio de la vivienda, los salarios y el encarecimiento general de la vida.

En todo el Estado, las familias trabajadoras están comprobando cómo sus ingresos pierden capacidad adquisitiva mientras aumentan los gastos cotidianos.

Los alquileres, la alimentación, la electricidad, el agua, los suministros y los servicios básicos absorben cada vez una mayor parte de los salarios.

Y aquí encontramos una de las cuestiones fundamentales: tener trabajo no debería significar vivir permanentemente al límite.

Los salarios deben permitir pagar una vivienda digna, hacer frente a los gastos básicos y desarrollar un proyecto de vida con estabilidad.

No podemos aceptar que una persona tenga que destinar la mayor parte de su sueldo al alquiler, que trabajar no garantice llegar a final de mes o que emanciparse se haya convertido en un privilegio reservado a quienes cuentan con mayores recursos económicos.

Por eso, la reivindicación de esta huelga no se limita a la vivienda. También exige salarios dignos, recuperación del poder adquisitivo y medidas frente al encarecimiento de los precios. Porque de poco sirve que suban los salarios si después los alquileres, la alimentación y los suministros absorben cualquier mejora.

No basta con tener un empleo: necesitamos que trabajar sea una garantía de dignidad y no una condena a la precariedad.

Por todo ello, comparto la convocatoria de huelga general de 24 horas del 11N, promovida conjuntamente por las organizaciones sindicales y el Sindicato de Inquilinas, junto a otras entidades sociales comprometidas con la defensa de los derechos laborales y del derecho a la vivienda.

La reivindicación es tan sencilla como necesaria: los salarios deben permitir vivir, no limitarse a sobrevivir.

Entre las principales demandas figuran el aumento de los salarios, la renovación de los convenios colectivos y del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), así como garantías para proteger a las personas trabajadoras frente a las presiones y exigencias injustificadas de información cuando se encuentran de baja por enfermedad.

También resulta fundamental defender los derechos económicos de quienes atraviesan una situación de incapacidad temporal.

Y esta convocatoria tiene, además, un valor fundamental: unir al movimiento sindical con las organizaciones sociales, vecinales y de inquilinos.