Cuando el salario no alcanza para pagar un techo, la lucha por la vivienda también es una lucha sindical. La vivienda vuelve a ocupar las calles de España. Y no es casualidad.
Gonzalo Fuentes – Corresponsal Rel UITA
5 | 10 | 2026
En Madrid, la Puerta del Sol se ha convertido en uno de los principales símbolos de una movilización que se extiende por numerosas ciudades y municipios del país. Una movilización que ha cobrado fuerza tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de Madrid de 87 años, enferma, expulsada de su vivienda por un fondo de inversión.
Su caso ha provocado indignación y ha puesto nuevamente en el centro del debate una realidad que millones de personas conocen: acceder a una vivienda digna y poder conservarla se ha convertido en un problema social de primera magnitud.
Miles de personas han salido a las calles para reclamar una vivienda digna y asequible, alquileres que puedan pagarse con salarios reales, estabilidad para las familias y protección efectiva frente a los desahucios.
No estamos ante una protesta aislada. Estamos ante la expresión de un profundo malestar social que golpea especialmente a la clase trabajadora: alquileres disparados, salarios que no alcanzan, jóvenes que no pueden emanciparse, familias obligadas a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a la vivienda y trabajadores y trabajadoras que, aun teniendo empleo, viven bajo la amenaza de no poder pagar el alquiler.
Cuando los salarios no crecen al mismo ritmo que el coste de la vivienda, cuando tener un empleo ya no garantiza el acceso a un hogar y cuando la vivienda se convierte en un activo financiero para especular y obtener rentabilidad, estamos ante un problema que afecta directamente a las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras. La vivienda no puede analizarse al margen del salario.
Cada subida del alquiler significa, para una familia trabajadora, menos dinero para alimentación, educación, transporte, salud, ocio o ahorro. Significa también menos capacidad para afrontar imprevistos y mayor dependencia económica. Por eso, desde el sindicalismo de clase no podemos permanecer indiferentes.
Defender el salario también significa defender el derecho a la vivienda.
La movilización adquiere una dimensión todavía mayor después del rechazo parlamentario a los decretos impulsados por el Gobierno para hacer frente a la emergencia habitacional. Las medidas incluían, entre otras cuestiones, mecanismos de protección frente a los desahucios, regulación de determinados alquileres y prórrogas de contratos.
El contraste es evidente: mientras las calles reclaman soluciones, las instituciones siguen sin ofrecer una respuesta capaz de garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda. Desde el sindicalismo debemos señalarlo con claridad: las decisiones políticas tienen consecuencias concretas sobre la vida de la gente trabajadora.
¿De qué sirve tener un empleo si el salario no alcanza para pagar un techo?
¿De qué sirve hablar de trabajo digno si una parte cada vez mayor de la nómina termina destinada al alquiler?
¿De qué proyecto de vida podemos hablar cuando una familia puede verse obligada a abandonar su barrio porque no puede asumir una nueva subida?
Estas preguntas no son abstractas. Son las preguntas que millones de trabajadores y trabajadoras se hacen cada mes.
La lucha por la vivienda es también una lucha sindical porque afecta directamente a los salarios y a las condiciones de vida. Necesitamos salarios dignos, vivienda pública suficiente y permanente, alquileres asequibles, protección efectiva frente a los desahucios y medidas que impidan la concentración especulativa de viviendas.
También es necesario abordar la expansión de los alquileres turísticos, temporales y por habitaciones allí donde estén expulsando vivienda residencial del mercado permanente, y garantizar la participación efectiva de las organizaciones sindicales en el diseño y aplicación de las políticas públicas de vivienda.
No podemos aceptar que una persona tenga que elegir entre pagar el alquiler, comprar alimentos o llegar a final de mes. No podemos aceptar que tener un empleo no sea suficiente para garantizar una vida digna.
No podemos aceptar que el derecho a la vivienda quede subordinado a la rentabilidad de los fondos de inversión y de los grandes propietarios.
