España bate récords turísticos año tras año y aspira a recibir cerca de cien millones de visitantes. El turismo genera beneficios históricos y representa uno de los principales motores de la economía. Sin embargo, mientras se baten récords de visitantes y de ingresos, millones de personas trabajadoras, pensionistas y familias no pueden permitirse disfrutar de una semana de vacaciones.

Según Eurostat, el 33,4 por ciento de la población española carece de recursos suficientes para pasar una semana fuera de su domicilio. Cerca de 16 millones de personas quedan excluidas, de hecho, de un derecho que debería estar al alcance de toda la ciudadanía.

Esta es la gran contradicción del modelo turístico español: somos líderes mundiales en turismo, pero cada vez son más quienes trabajan en este sector y en muchos otros que no pueden permitirse descansar. El aumento del coste de la vida, el encarecimiento de los alojamientos turísticos, la proliferación de las viviendas de uso turístico y la pérdida de poder adquisitivo han convertido las vacaciones en un lujo para demasiadas familias.

La Constitución Española, en su artículo 40.2, reconoce el derecho al descanso y a las vacaciones periódicas retribuidas. Sin embargo, ese derecho pierde gran parte de su contenido cuando millones de personas no pueden asumir el coste económico que supone disfrutar de unos días de descanso.

Por ello, resulta más necesario que nunca reforzar el turismo social. Durante décadas, las Residencias de Tiempo Libre y los programas públicos, así como una oferta hotelera con diversidad de categorías y precios competitivos, permitieron que miles de familias trabajadoras accedieran a unas vacaciones dignas y asequibles, contribuyendo además a la desestacionalización del turismo, al mantenimiento del empleo y a la cohesión social.

En este contexto, el Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) continúa siendo una herramienta esencial de turismo social. Para la temporada 2026-2027 ofrece 879.213 plazas en toda España. Sin embargo, únicamente 7.447 plazas, menos del 1 por ciento del total, están reservadas para pensionistas con menores recursos económicos mediante una tarifa reducida de 50 euros.

Aunque el programa sigue cumpliendo una importante función social y contribuye a mantener el empleo en el sector turístico durante la temporada baja, resulta evidente que la oferta destinada a las personas con menos ingresos es claramente insuficiente para responder a las necesidades de una población cada vez más afectada por la pérdida de poder adquisitivo.

Desgraciadamente, España y Andalucía están recorriendo el camino contrario, con el cierre, la privatización y el abandono de las Residencias de Tiempo Libre por parte de las comunidades autónomas donde estaban ubicadas y que eran gestionadas por estas.

El cierre de la Ciudad Residencial de Tiempo Libre de Marbella por la Junta de Andalucía ha representado uno de los mayores retrocesos en materia de turismo social de los últimos años. Durante más de seis décadas fue un referente de igualdad y un ejemplo de cómo el patrimonio público podía ponerse al servicio de las personas trabajadoras y de sus familias.

La Junta de Andalucía justificó inicialmente su cierre alegando problemas estructurales y la necesidad de rehabilitar las instalaciones. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el verdadero objetivo era otro: sustituir un equipamiento público por un proyecto destinado a la construcción de dos hoteles de cinco estrellas, transformando un espacio concebido para el turismo social en un negocio orientado al turismo de lujo.

No se trata únicamente del cierre de una residencia. Se trata de una decisión política que simboliza un cambio de modelo: donde antes existía un servicio público, ahora se pretende levantar un negocio privado; donde antes se garantizaba un derecho social, ahora se prioriza la rentabilidad económica.

Frente a esta decisión nació la Plataforma en Defensa de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, integrada por organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos comprometidos con la defensa del patrimonio público, cultural y medioambiental. En apenas unas semanas consiguió miles de adhesiones, demostrando que la ciudadanía no está dispuesta a permanecer impasible ante la pérdida de un patrimonio construido para garantizar el derecho al descanso de las clases trabajadoras.

El caso de Marbella no es una excepción. En relación con la Ciudad Residencial de Perlora (Asturias), CCOO de Asturias ha elaborado diversos estudios que ponen de manifiesto la necesidad de mantener su vocación social y evitar cualquier intento de privatización o de convertir este patrimonio público en un negocio al servicio de unos pocos.

Perlora debe seguir siendo un espacio público destinado al descanso, al ocio y al turismo social, al alcance de las personas trabajadoras y de la mayoría social.

El turismo no puede medirse únicamente por el número de visitantes o por los beneficios empresariales. También debe evaluarse por su capacidad para generar bienestar, empleo digno, cohesión social y garantizar que la riqueza que produce revierta en el conjunto de la sociedad.

En un momento en el que España aspira a recibir cerca de cien millones de turistas y superar todos los récords de ingresos, resulta imprescindible abrir un debate sobre el reparto de la riqueza que genera el turismo, reforzar el turismo social, ampliar los programas públicos de vacaciones, recuperar las Residencias de Tiempo Libre y garantizar que nadie quede excluido de un derecho tan básico como el descanso.

Porque un país que presume de liderazgo turístico mientras millones de personas no pueden disfrutar de unos días de descanso tiene un problema de modelo. El éxito del turismo no puede construirse sobre la exclusión social ni sobre la desaparición de los instrumentos públicos que garantizan la igualdad de oportunidades.

Las vacaciones no son un privilegio. Son un derecho. Y los derechos, cuando se privatizan, se abandonan o se convierten en un negocio, dejan de ser derechos para transformarse en privilegios reservados a quienes pueden pagarlos.

España no puede conformarse con liderar los rankings mundiales de turistas mientras millones de personas trabajadoras y pensionistas no pueden disfrutar de una semana de descanso.

El verdadero éxito turístico no se mide únicamente por el número de visitantes o por los beneficios empresariales, sino por su capacidad para generar bienestar, empleo digno, cohesión social y una distribución más justa de la riqueza que produce.

Defender el turismo social, reforzar el Programa del IMSERSO, recuperar las Residencias de Tiempo Libre y garantizar el acceso a las vacaciones para toda la ciudadanía es defender un modelo de país más justo, más solidario y más democrático.

Porque las vacaciones no deberían ser un privilegio reservado a quienes pueden pagarlas, sino un derecho efectivo al alcance de todas las personas.