-Carlos, cuéntanos un poco sobre la coyuntura política en Guatemala.
-El tema que más nos preocupa ahora es del financiamiento ilícito de casi todas las campañas políticas. El actual presidente está encausado por ese delito.
Hace unos días hubo un allanamiento a una de las empresas más fuertes del país, la telefónica TIGO, y creemos que tiene que ver con eso.
-La corrupción política salpica a la mayoría de los países de América Latina, pero lo que se ha dado diferente en Guatemala es la reacción de la gente. Se la ve con mucha indignación y capacidad de movilización…
-Por primera vez desde 2015 la población ha salido a la calle a exigir la renuncia de casi todas las autoridades del gobierno.
Muchos ex presidentes, ex ministros, han ido a prisión y otros tienen orden de captura y están prófugos.
Pero la situación no ha cambiado a pesar de todo lo que se ha hecho. Lo que queremos es que haya un cambio en la ley electoral que permita democratizar los partidos políticos y que permita que los que lleguen a ser electos sean legítimos representantes de los ciudadanos guatemaltecos y no caciques de un partido.
-Promover y defender los derechos humanos sigue siendo muy peligroso en Guatemala, ¿no?
-Sí. El Congreso está tratando un proyecto de ley que asimila muchas de nuestras acciones a actos de terrorismo. Se intenta por todos los medios criminalizar nuestra lucha.
La única forma que tenemos de hacernos oír es salir a la calle. De quedarnos quietos, seguro los asesinatos de los activistas sociales van a incrementarse.
-Es muy alentador saber que a pesar de tanta muerte, de tanta represión, del exilio que han sufrido, todavía se lucha…
-Nunca vamos a perder las esperanzas, siempre vamos a luchar por una Guatemala mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, y para las generaciones futuras.
Nuestro país es sumamente joven. Una de las cosas positivas en este proceso es que la juventud ha venido tomando conciencia de que es necesario luchar y no claudicar.