Durante la presentación del informe “Trata de personas en México. Segunda mirada desde asociaciones civiles”, auspiciado por Hispanics in Philantropy (HP), representantes de diversas organizaciones sociales que participaron en la investigación alertaron sobre el incremento de la violencia asociada a la trata de personas, así como de la precarización laboral y de las migraciones.
Marcela Buzo, coordinadora asociada del programa de Equidad de Género de HIP, dijo que se está ante “un fenómeno social multicausal que se intersecta con otros tipos de violencia”, como la violencia de género, el crimen organizado o la propia pobreza, que en México se están incrementando.
Andrea Rojas, directora de la Iniciativa Estratégica contra la Trata Laboral de Polaris, subrayó a su vez el efecto de la globalización en la explotación de mujeres por industrias “legítimas”, aprovechando “la desesperación económica” que suscita la pandemia.
Mónica Elizabeth Salazar, de Dignificando el Trabajo, destacó el crecimiento de este fenómeno en el centro del país, especialmente en Ciudad de México, estado de México, Jalisco y el Bajío, donde la trata podría estar asociada al tráfico de órganos.
Hay un contexto laboral distinto, vinculado a actividades delictivas del crimen organizado, sobre todo en Jalisco y Guanajuato, dijo.
Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, afirmó que el mayor recurso a Internet producto del Covid ha incrementado el riesgo entre grupos vulnerables, niños y adolescentes, a lo que contribuyó igualmente el cierre de bares y cantinas.
En el estado de Chiapas, observó Aldo Jorge Ledón, coordinador general de Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, se han generado condiciones para el aumento de los desplazamientos forzados, lo que ha repercutido a su vez en un aumento de la marginación social y la precarización laboral.
Nota: Publicado en La Jornada – México. Título y destacados pertenecen a La Rel