Imagen: Allan McDonaldEl año pasado, la pandemia de Covid-19 destrozó la economía mexicana (el PBI cayó 8,5 por ciento), lo que generó, entre otras cosas, que el flujo de migrantes hacia Estados Unidos aumentara exponencialmente, superando nuevamente al de retornados.
En los años anteriores y desde comienzos de la década pasada el movimiento había sido inverso: volvían a México desde Estados Unidos más personas de las que se iban.
El cambio de tendencia, que se había iniciado ya en 2018, tuvo una de sus expresiones en el número de migrantes mexicanos detenidos del lado estadounidense de la frontera: un promedio de 40.000 cada mes desde mediados de 2020, con un pico de 55.000 en mayo último, contra una media de menos de 16.000 al mes en los dos años anteriores.
A este ritmo, en 2021 se superará el récord de mexicanos detenidos en los abominables centros de retención de la frontera sur de Estados Unidos.
Entre los migrantes hay un número creciente de menores no acompañados, no sólo mexicanos sino también hondureños, salvadoreños, guatemaltecos.
Además de las detenciones, el aumento de la emigración desde México hacia su vecino se manifiesta, por ejemplo, en el volumen de las remesas y el dinero que los migrantes deben pagar a los “polleros”, los traficantes de personas que los llevan de un lado a otro de la frontera.
En marzo pasado, el dinero enviado por los emigrados a sus familias llegó, según el Banco de México, a 4.151 millones de dólares, 30 por ciento más que el mes anterior, 2,6 por ciento más que el mismo mes de 2020 y el mayor volumen para un solo mes desde 1995.
En 2020 las remesas totalizaron 40.607 millones de dólares, 11,4 por ciento más que el año anterior. Nunca antes habían sido tan voluminosas, y en 2021 prometen ser aún mayores.
Pero el dato más aterrador en este panorama es el que reveló un informe del banco BBVA difundido recientemente por el diario La Jornada: los “polleros” se quedan con el 30 por ciento de las remesas. O dicho de otra manera: “cada migrante mexicano que llega hoy a Estados Unidos debe destinar hasta 30 por ciento de sus ingresos al pago de su deuda”.
Según Juan José Li, economista senior del BBVA, los traficantes llegan a cobrar actualmente hasta unos 200.000 pesos, alrededor de 9.600 dólares, por el traslado clandestino, 130 por ciento más que en 2019.
“Hace pocos años un trabajador mexicano en Estados Unidos tardaba alrededor de dos o tres meses para pagar su deuda con el pollero; ahora necesita hasta dos años”, apunta La Jornada.
Y Li agrega: “Si un migrante tuviera el dinero que cobra el pollero no iría lejos de su familia. Pondría un negocio aquí en México. Pero al no tenerlo adquiere deuda, en la que quedan comprometidos él y toda su familia”.
No sólo las extorsiones están cuidadosamente calculadas (cuándo y dónde saldar la “deuda”) sino también las represalias en caso de no pago. Son mafias bien aceitadas, que funcionan de un lado y otro de la frontera y que monetizan, según la ley de la oferta y la demanda, las consecuencias de la pobreza y la desesperación.
