Rojas recibió 15 balazos el 18 de marzo en su domicilio. Ya había sufrido un atentado en 2012, y pocos días antes de su asesinato desconocidos habían amenazado de muerte a su familia.
Hasta 2015 Rojas había presidido la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre, la única propietaria legal de las tierras de la zona, e impulsaba la recuperación de predios en manos de finqueros.
La Ley Indígena de 1977 otorgaba a los pueblos nativos la posesión total de las 11.700 hectáreas de Salitre, pero los finqueros, que por entonces tenían en su poder el 30 por ciento de las tierras se negaban a entregarlas.
El Estado, que debía desalojar a los terratenientes y entregarles las tierras usurpadas a los representantes de las comunidades indígenas, jamás lo hizo.
Los finqueros recurrieron a todo tipo de artimañas para permanecer en el lugar, recuerda Xinia Zúñiga, responsable del informe “El territorio de Salitre: derechos, memoria y violencia, 2010 – 2017”.
Se inventaron descendencia indígena, chantajearon a sus peones –todos ellos nativos- para que reclamaran esas tierras en su nombre, y, por supuesto, recurrieron a la violencia a través de esbirros.
El gobierno miró para otro lado y la justicia no hizo lo que debía para que se respetaran los derechos de los indígenas.
“En nuestra investigación vimos diputados, ministros, viceministros y demás autoridades desfilar por Salitre sin que pasara nada. Todos conocen del conflicto, todos saben lo que está pasando y no hicieron nada, entonces todos son responsables en parte del asesinato” de Rojas, dijo Zúñiga al canal Teletica.
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) responsabilizó al gobierno de Carlos Alvarado por este crimen.
La violencia en la zona se acentuó a partir de un día de agosto de 2010, cuando un grupo de 30 indígenas –Rojas estaba entre ellos– fueron expulsados del Congreso tras realizar una protesta pacífica en reclamo de que se discutiera un proyecto de ley que daba autonomía a sus territorios y estaba encajonado por los parlamentarios desde los primeros años 2000.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó medidas cautelares en favor de la comunidad Bribri de Salitre, pero de poco sirvieron.
“Esos protocolos se definieron y nunca se aplicaron. Nunca hubo verdaderas medidas, entonces los indígenas no solo permanecieron desprotegidos sino además desinformados y sin protección por parte de la policía ante hechos que presenciamos como la quema de ranchos, cultivos, amenazas e intimidaciones que se quedaron en denuncias”, señaló Zúñiga.
Los indígenas se dieron cuenta de que debían pasar a una nueva etapa.
Las gestiones ante el poder político en San José no habían dado resultado alguno y se decidieron finalmente por ocupar los predios, sin abandonar los procedimientos legales.
Les dio resultado, porque recuperaron unas 1.200 hectáreas, pero les costó vidas, como la de Rojas.
“Me parece algo doloroso y terrible pero tenemos que ver la muerte de Sergio en contexto. No es solo un mártir indígena como Berta Cáceres. A él lo matan de 15 balazos, con ese nivel de ensañamiento. Esto es escalar al máximo nivel de la violencia y es la alerta máxima de que se va a agudizar aún más el conflicto”, dijo Zúñiga.
“Como sociedad no podemos permitir ser parte de la globalización de la violencia que uno escucha en tantos países como Colombia, México o Guatemala y que ya está llegando también a nuestras puertas”.