La iniciativa busca corregir una situación que, según sus impulsores, deja a las víctimas en un estado de vulnerabilidad económica.

Actualmente, cuando un trabajador o trabajadora recurre al despido indirecto por haber llegado a un límite psicológico suele enfrentar dificultades para acceder al seguro de paro, ya que el Banco de Previsión Social (BPS) requiere la firma de baja de la empresa.

“En muchos casos, las patronales se niegan a firmar o califican la salida como una renuncia voluntaria, lo que bloquea el acceso a la prestación”, explicó a La Rel el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, Luis Echevarría.

“La propuesta –agregó– surge a raíz de la cantidad de situaciones de acoso vividas por trabajadoras del sector de panaderías artesanales, donde el 90 por ciento son mujeres y en su inmensa mayoría jefas de hogar, pero es transversal porque si se aprueba abarcará a todas las ramas de actividad”, señaló.

El mecanismo previsto establece que, si la investigación concluye con un dictamen favorable al trabajador o trabajadora, el costo del subsidio será asumido por el empleador.

En cambio, si la resolución no respalda la denuncia, el beneficiario mantendrá una deuda con el BPS, que se iría descontando de futuras prestaciones que reciba.

Echevarría señaló que la propuesta fue presentada ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, donde, según indicó, recibió una buena recepción por parte de los legisladores.

La iniciativa busca ofrecer una herramienta de protección para quienes atraviesan situaciones de acoso en el ámbito laboral, evitando que deban permanecer en ambientes perjudiciales o queden sin ingresos mientras se esclarecen los hechos.