Carta Pública de los Pueblos Indígenas de Brasil a la presidenta de la República, Dilma Rousseff

A continuación, transcribimos la carta entregada a la presidenta de la República.

 

 

Excelentísima señora

Dilma Rousseff

Presidenta de la República Federativa de Brasil

Brasilia-DF

 

Estimada Presidenta:

 

Nosotros, líderes indígenas de distintos pueblos y organizaciones indígenas de las diferentes regiones de Brasil, reunidos en esta histórica ocasión con vuestra excelencia en el Palacio de Gobierno, a pesar de estar en número reducido, pero lo suficientemente informados y profundamente conocedores, más que nadie, de los problemas, sufrimientos, necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos y comunidades, a través de este medio queremos manifestar, después de tan larga espera, las siguientes consideraciones y reivindicaciones, que esperamos sean atendidas por su gobierno como el comienzo de la superación de la deuda social del Estado brasileño para con nosotros, después de siglos de interminable colonización, marcados por políticas y prácticas de violencia, exterminio, robo, racismo, prejuicios y discriminación.

 

Estamos aquí, una pequeña pero expresiva manifestación de la diversidad étnica y cultural del país, conformada por 305 pueblos indígenas diferentes, parlantes de 274 lenguas distintas con una población aproximada de 900 mil habitantes según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Y en nombre de estos pueblos es que:

 

– Reiteramos nuestro rechazo a la acusación de que somos obstáculos al desarrollo del país en una total falta de consideración a nuestra contribución en la formación del Estado Nacional brasileño, en la preservación de un patrimonio natural y sociocultural envidiable, inclusive de las actuales fronteras de Brasil, de las cuales nuestros ancestros fueron guardianes natos. Contrariamente a los que nos acusan de amenazar la unidad e integridad territorial y la soberanía de nuestro país.

 

– Repudiamos toda la serie de instrumentos político-administrativos, judiciales, jurídicos y legislativos, que buscan destruir y terminar con nuestros derechos conquistados con mucha lucha y sacrificios hace 25 años, por los caciques y líderes que nos antecedieron, durante el período en que se redactó la actual Constitución.

 

– Somos totalmente contrarios a cualquier tentativa de modificación en los procedimiento de demarcación de las tierras indígenas actualmente patrocinados por sectores de su gobierno, principalmente su Gabinete y la Procuraduría General de la Unión (AGU por sus siglas en portugués), visando atender a la presión e intereses de los enemigos históricos de nuestros pueblos, invasores de nuestros territorios, hoy día expresivamente representados por el agronegocio, la bancada ruralista, las mineras, madereras, contratistas, entre otros.

 

– No admitiremos retrocesos en la garantía de nuestros derechos, por medio de iniciativas legislativas que podrán condenar a nuestros pueblos a situaciones de indeseable miseria, etnocidio y conflictos imprevisibles como se vienen dando en todas las regiones del país, principalmente en los estados del Sur y en el estado de Mato Grosso do Sul.

 

– Rechazamos la forma como el gobierno quiere viabilizar el modelo de desarrollo priorizado, implantando a cualquier costo, en nuestros territorios, obras de infraestructura en las áreas de transporte y generación de energía, como, carreteras, ferrovías, hidrovías, puertos, usinas hidroeléctricas, líneas de transmisión, sin respetar nuestra forma de ver el mundo, nuestra peculiar forma de relacionarnos con la Madre Naturaleza, nuestros derechos originarios y fundamentales asegurados por la Carta Magna, el Convenio 169 y la Declaración de la ONU.

 

 

Frente a este manifiesto, expresamos las siguientes reivindicaciones:

 

1. La incidencia del gobierno en su base para el archivamiento de las Propuestas de Enmiendas a la Constitución (PEC) 038 y 215 que pretenden transferir para el Senado y el Congreso Nacional respectivamente la competencia de demarcar las tierras indígenas, usurpando una prerrogativa constitucional do Poder Ejecutivo.

 

2. Reivindicamos el mismo procedimiento para la PEC 237/13 que visa legalizar el arrendamiento de nuestras tierras, del PL 1610/96 de Minería en Tierras Indígenas, del PL 227/12 que modifica a demarcación de tierras indígenas, entre otras tantas iniciativas que pretenden revertir nuestros derechos constitucionales.

 

3. El gobierno debe fortalecer y brindar todas las condiciones necesarias para que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) cumpla con su rol debidamente en la Demarcación, protección y vigilancia de todas las tierras indígenas, cuyo pasivo todavía es inmenso en todas las regiones del país, inclusive en la Amazonía donde supuestamente el problema ya se habría resuelto. No admitimos que la FUNAI sea descalificada ni que la EMBRAPA, Ministerio de Agricultura y otros organismos, desconocedores de la cuestión indígena, vengan a evaluar y supuestamente contribuir en los estudios antropológicos realizados por el organismo, solo para atender intereses políticos y económicos, como lo hizo el último gobierno militar al instaurar el infame “grupón”[1] del Ministerio Extraordinario para el Desarrollo y la Reforma Agraria (MIRAD), para “disciplinar” la FUNAI y “evaluar” las demandas indígenas.

 

4. Para la demarcación de tierras indígenas proponemos la creación de un Grupo de Trabajo, con participación de los pueblos y organizaciones indígenas en el ámbito del Ministerio de Justicia y de la FUNAI para realizar un mapeo, definir prioridades y metas concretas de demarcación.

 

5. No aceptamos la propuesta de creación de una Secretaría que reúna la FUNAI con la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), pues perjudicaría el rol diferenciado de cada organismo.

 

6. Exigimos la derogación de todas las Ordenanzas y Decretos que atenten contra nuestros derechos originarios y la integridad de nuestros territorios, la vida y la cultura de nuestros pueblos y comunidades:

 

6.1. Ordenanza 303 del 17 de julio de 2012, por iniciativa del Poder Ejecutivo, a través de la ProcuraduríaGeneral de la Unión donde se extiende equivocadamente la aplicabilidad de las condicionantes establecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF), en el juicio del caso Raposa Serra do Sol (Petición 3.388/RR), que aún no ha sido dirigida al juzgado.

 

6.2. Ordenanza de 2498, de 31 de octubre de 2011, que determina la intimación de las entidades federativas para que participen de los procedimientos de identificación y delimitación de las tierras indígenas, siendo que el Decreto 1.775/96 ya establece el derecho del contradictorio.

 

6.3. Ordenanza Interministerial 419 de 28 de octubre de 2011, que restringe el plazo para que los organismos y entidades de administración pública aceleren los licenciamientos ambientales de los emprendimientos de infraestructura que afectan a las tierras indígenas.

 

6.4. Decreto n° 7.957, de 13 de marzo de 2013. Crea el Gabinete Permanente de Gestión Integrada para la Protección del Medio Ambiente, reglamenta la actuación de las Fuerzas Armadas en la protección del medio ambiente y altera el Decreto nº 5289, de 29 de noviembre de 2004. Con este decreto, «de carácter preventivo o represivo», ha sido creada la Compañía de Operaciones Ambientales de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, que tiene como una de sus atribuciones «ofrecer auxilio para la realización de relevamientos y de laudos técnicos sobre los impactos ambientales negativos». En la práctica eso significa la creación de un instrumento estatal para la represión militarizada de toda y cualquier acción de los pueblos indígenas, comunidades, organizaciones y movimientos sociales que decidan se posicionar contra emprendimientos que impacten sus territorios.

 

7. Reivindicamos también del Gobierno Brasileño políticas públicas específicas, efectivas y de calidad, dignas de nuestros pueblos que desde tiempos inmemoriales ejercen papel estratégico en la protección de la Madre Naturaleza, en la contención de la deforestación, en la preservación de las florestas y su biodiversidad, entre otras tantas riquezas presentes en los territorios indígenas.

 

– En la salud, tornar efectiva la Secretaría Especial de Salud Indígena y los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas, para la superación de los más variados problemas de gestión, falta de profesionales, de concurso específico para indígenas, plano de cargos y salarios, de asistencia básica en las aldeas, entre otros.

 

– En la Educación, que la legislación que garantiza la educación específica y diferenciada sea respetada e implementada, con recursos suficientes para tal y que sea aplicada inmediatamente como define la Ley 11.645, que trata de la obligatoriedad de que exista la enseñanza de la diversidad en las escuelas.

 

– En el área de la sustentabilidad, instalación del Comité Gestor de la  PNGATI y de otros programas específicos para nuestros pueblos, con presupuesto propio.  

 

– Para la normalización, articulación, fiscalización e implementación de otras políticas que nos afectan, creación inmediata del Consejo Nacional de Política Indigenista (CNPI), cuyo Proyecto de Ley (3571/08) hasta hoy no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados.

 

8. Reivindicamos del Gobierno que se cumplan los acuerdos y compromisos asumidos en el marco de la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), relacionados con la tramitación y aprobación del Estatuto de los Pueblos Indígenas en el Congreso Nacional.

 

9. Considerando que esta reunión con Vuestra Excelencia acontece en el marco de muchos otros protestos por todo el país, manifestamos nuestra solidaridad a otras luchas y causas sociales y populares que ansían, como nosotros, por un país diferente, plural, realmente justo y democrático. Pela también regularización y protección de las tierras quilombolas, territorios pesqueros y de otras comunidades tradicionales, e por la no urgencia del Proyecto de Ley (PL) del nuevo marco regulatorio de la minería, para garantizar la participación de la sociedad civil en la discusión de este tema tan estratégico y delicado para la nación brasileña.

 

10. Reafirmamos por todo eso, nuestra determinación por fortalecer nuestras luchas, por seguir vigilantes y dispuestos a marchar para el enfrentamiento político, incluso arriesgando por nuestras vidas. Igualmente, reiteramos nuestra disposición para el diálogo abierto, franco y sincero, en defensa de nuestros territorios y de la Madre Naturaleza, por el bien de nuestras actuales y futuras generaciones, en torno a un Plan de Gobierno para los pueblos indígenas, con prioridades y metas concretas consensuadas junto a nosotros.

 

11. Llamamos, finalmente, a nuestros parientes, líderes, pueblos y organizaciones, así como a nuestros aliados de todas partes, para que juntos evitemos la extinción programada de nuestros pueblos.  

 

Brasilia-DF, 10 de julio de 2013.