Resumen del análisis sobre la política del gobierno de Dilma Rousseff para los pueblos indígenas
Sin derecho a la tierra y más violencia contra los Pueblos Indígenas
Resumen del análisis sobre la política del gobierno de Dilma Rousseff para los pueblos indígenas
Foto: Egon Heck
(…) Tomando como referencia las deliberaciones del gobierno federal en materia de derechos indígenas y quilombolas*, llegamos a la conclusión de que se basan en peligrosos acuerdos electorales, en conspiraciones políticas, en juegos de intereses y privilegios para los grupos económicos “diferenciales”, que pretenden extraer de las tierras indígenas y de la naturaleza las riqueza potencialmente existentes.
En las relaciones del gobierno con sus «aliados», llama la atención la peligrosa sumisión a los “ruralistas” (sector del agronegocio).
Este segmento ha revelado, a lo largo de la historia, una faceta cruelmente depredadora de los recursos naturales (por ejemplo: destrucción de florestas, de bosques ciliares y contaminación de fuentes de agua) y, en muchos casos, usan de la explotación de la mano-de-obra humana (someten a los trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud).
Debemos recordar que muchos de estos terratenientes adquirieron sus tierras a través de la fuerza bruta, por expulsar a la gente de sus tierras, amenazando y asesinando a cada uno de los líderes campesinos, comprando tierras a precios irrisorios, promoviendo la apropiación ilícita de las tierras, o logrando obtenerlas del poder público a precios simbólicos, como es el caso (reportado por la prensa) de las “propiedades” en poder de la familia de la senadora Katia Abreu en Tocantins (y no es ninguna casualidad, que ella también sea la presidente de la CNA – Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería).
Es notorio que el gobierno brasileño ha basado su política, por un lado, en favor de los ruralistas, y por otro lado, en la arrogancia, la prepotencia y la intolerancia hacia los pueblos indígenas y quilombolas, especialmente en las discusiones y en la conducción de los programas, proyectos o políticas que afectan la vida, las tierras, el ambiente y el futuro de estas poblaciones.
Más violencia contra los pueblos indígenas
En virtud de esa postura de favorecimiento hacia los sectores “diferenciales”, el gobierno inventa instancias de representación popular que él mismo no tiene en cuenta y por lo tanto no escucha la opinión de la gente ni de sus líderes y no acepta posiciones contrarias a sus planes de desarrollo.
Como consecuencia, se ha intensificado la violencia contra los pueblos indígenas, así como la persecución y el intento de desacreditar públicamente a quienes se oponen a las pretensiones partidarias del gobierno (un ejemplo de esta actitud es el comunicado emitido por la Secretaría General de la Presidencia en contra de los líderes del Pueblo Munduruku).
Las disposiciones constitucionales y las normas y tratados internacionales, en especial en relación a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y quilombolas se incumplen descaradamente en nombre de algo que se proclama como de “interés común”, pero que no genera el “bien común”, sino el bien apenas de algunos sectores del mercado y de la economía -contratistas, mineras, ingenios y empresas agroindustriales.
Estos sectores, coordinados por ruralistas, han promovido a lo largo de 2013 una “sublevación” contra los pueblos indígenas, quilombolas y contra sus derechos fundamentales a la vida y a la tierra. Los ataques tuvieron lugar en la esfera política, junto con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como mediante la difusión intensiva de las noticias en los medios de comunicación que causan turbulencia social.
En el Poder Judicial proliferan acciones contra las demarcaciones de las tierras. En muchas de las decisiones se percibe que jueces, magistrados y ministros buscan fisuras en las leyes para lograr establecer interpretaciones que fundamenten una decisión contraria a los derechos indígenas.
Fueron, a lo largo del año, proferidas decisiones que permiten observar cuando hay parcialidad o imparcialidad en las decisiones. Un ejemplo de esto fue la decisión de la jueza de la Segunda Sala Federal, Janete Lima Miguel de Campo Grande/MS, cuando se dictó sentencia contra la realización de la “Subasta de la Resistencia” (subasta criminal promovida por los ruralistas, con el objetivo de recaudar dinero para la contratación de milicias para actuar contra los indígenas).
Para fundamentar su decisión, la jueza hizo hincapié en que entre el “derecho a la propiedad y el derecho a la vida, ella opta por el derecho a la vida”. Los representantes de los terratenientes, incluidos varios parlamentarios, ingresaron una restricción contra la jueza e impugnaron su decisión.
En el marco del Poder Ejecutivo, los ruralistas impusieron que todas las demarcaciones de tierras fuesen paralizadas.
No más tierra demarcada
Desde el mes de marzo de 2013 ninguna tierra indígena fue demarcada y, además, se adoptaron medidas en el sentido de revertir los estudios realizados por la FUNAI.
Peor aún es la actitud del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, por presionar a los organismos indigenistas para que zonas declaradas (por ordenanzas firmadas por él mismo) fuesen revisadas, como es el caso de las tierras indígenas en Mato Preto.
Por desgracia, en estados como Rio Grande do Sul, los gobiernos, seducidos por el “poder” aparentemente consolidado por el pacto con las elites agrarias, actúan peligrosamente y alimentan el conflicto entre agricultores y comunidades indígenas.
Los gobernantes movidos por politiquería pierden el sentido de justicia y la noción de que son ellos, como representantes del Estado, quienes deberán mediar y buscar soluciones a los problemas creados por el propio Estado en épocas pasadas.
Las medidas paliativas, que conforman en mi opinión la esquizofrenia indicada por el sociólogo Maurizio Lazzarato, la que intenta distribuir la riqueza sin desmontar las estructuras de enriquecimiento, sugieren la permuta del derecho a la demarcación de tierras por la compra de pequeñas áreas (a ejemplo de lo que pasa en Rio Grande do Sul), además de extender los conflictos, son ilegales e inmorales.
Los derechos de los pueblos indígenas se han transformado en servicios cuando los gobiernos proponen la compra de parcelas de tierra en las zonas menos conflictivas.
Si bien actualmente existe un consenso sobre la relevancia de las diferentes culturas e identidades y sobre la necesidad de respetar a todas las formas de ser y de pensar, en el caso de los pueblos indígenas y quilombolas este discurso no ha sido muy efectivo.
Lo que se observa es el aumento de las expresiones de intolerancia y de falta de respecto, sobre todo cuando la presencia de estos pueblos y comunidades cuestiona algunas de las premisas desarrollistas.
En algunos estados hay agresiones constantes contra las demarcaciones, contra las formas de vida de las comunidades y de los pueblos que no miran a la tierra únicamente como fuente de recursos a ser explorados al máximo.
Más y más violencia
Del mismo modo, es creciente la práctica concreta (y cruel) de violencias contra los líderes y comunidades indígenas, especialmente contra aquellos que viven en las márgenes de las carreteras o que se encuentran en las pequeñas reservas de tierra.
El sector ruralista articula, de sur a norte, acciones de intimidación y de coerción de los pueblos indígenas. En Guaíra, Paraná, los Guaraní están siendo discriminados y acosados en las calles, en el comercio, en las escuelas y en el trabajo. Los medios de comunicación llaman a la población a reprimir “a los indios”. En Mato Grosso do Sul la situación es similar. Los líderes son amenazados, golpeados, asesinados.
En su lucha por la tierra, además de enfrentar a pistoleros, los líderes se enfrentan a la brutalidad de la policía (Policía Federal y Policía Militar), que actúan con truculencia contra los pueblos indígenas en las acciones de reintegración de la tierra. El ejemplo más contundente fue el asesinato de Oziel Terena, en Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Las artimañas y estrategias creadas por el gobierno federal con el fin de favorecer a algunos sectores de la “economía” tienen, como costo, la negación de los derechos originarios y constitucionales de los pueblos indígenas, de los quilombolas, de otras colectividades que no se encajan en las perspectivas de desarrollo, aceleración y producción a gran escala, por ejemplo.
Construir perspectivas que se centren en los derechos sociales, las formas colectivas de la vida, la solidaridad, la redistribución efectiva de los bienes y recursos que hoy se concentran en las manos de unos pocos grupos privilegiados son algunos de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas y sus aliados.
Una sociedad justa, en la que todos sean verdaderamente respetados, sólo puede surgir de un cambio en la dirección (y en las decisiones) que orientan la política actual.