A comienzos de abril, un tribunal federal argentino ordenó al municipio de Pergamino el cese inmediato de las fumigaciones con agrotóxicos en los campos cercanos a tres barrios de esta localidad ubicada a menos de 250 kilómetros de Buenos Aires haciéndose eco de estudios científicos y denuncias de movimientos sociales.
Pocas semanas antes, la justicia había dispuesto una medida similar en la provincia de Entre Ríos, suspendiendo el rocío de plaguicidas a menos de mil metros de las escuelas si se trata de fumigaciones terrestres y 3.000 si son aéreas.
Ese fallo le había merecido al presidente Mauricio Macri una consideración absolutamente alineada con las reacciones de las grandes empresas del sector: lo tachó de “irresponsable”.
Lo mismo había dicho el gobierno de la provincia, indignado de que un entrometido juez pudiera trabar el buen andar de “negocios que dan empleo y el desarrollo de la zona”.
Entre Ríos y Buenos Aires son dos de las provincias con mayor producción sojera en Argentina. “Somos, en consecuencia, parte de ese mar verde que nos ha inundado y que ha venido acompañado de otro mar: el de los plaguicidas, herbicidas que nos arruinan la vida”, dijo otra integrante de Madres de Barrios Fumigados.
En tres barrios de Pergamino –determinó la justicia– el agua no puede lisa y llanamente ser consumida por seres vivos por su altísimo grado de contaminación.
Investigaciones universitarias hallaron en esas zonas una presencia de agrotóxicos en las napas de los cursos de agua muy por encima de la aceptable para el consumo humano de acuerdo a los estándares de la OMS.
Sabrina Ortiz dijo al diario Infobae que los médicos encontraron en sus hijos niveles de glifosato en orina diez veces superiores a los que puede tolerar el organismo. “El tolerado es 0,01. Mi hija tiene 9,20 y mi hijo 10,20”.
Sabrina presentó en esos exámenes un nivel de 4,10, según copia de los resultados reproducida por la prensa.
A su hija ya la operaron tres veces para quitarle quistes en los huesos, y su hijo tiene los ganglios agrandados en los intestinos y en el cuello.
Los médicos locales le dijeron a Ortiz que no se preocupara, que seguramente se trata de alguna intoxicación alimentaria.
Como los casos de ese tipo se suceden –suman cientos, tanto en niños como en adultos– los médicos se vieron obligados a convocar una reunión colectiva para intentar convencer a los vecinos de que nada tienen que ver esas enfermedades con los agrotóxicos.
“Formaron un discurso proteccionista de los agronegocios en la salud pública municipal”, escribió Ortiz en su perfil de Facebook, citada por Infobae.
“Los que sufrimos esto somos todos gente pobre, hay personas del barrio que no tienen obra social, no tienen ni para comer”, y la indiferencia oficial es total.
Otro vecino dijo a una radio: “uno llega a preguntarse qué negocios intentan defender, si a este ritmo no les quedará nadie a quien vender su producción”.
La decisión del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo es bien específica: “se dispondrá la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres que contengan glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”.
E incluyó en su prohibición a otros productos químicos: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Imidacroplid, Desetil 2,4D, y a los formulados Roundup Full II, Roundup Max II y Roundup Ultramax.
En Argentina, afirma una investigación de Javier Souza, docente de la facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se aplican comúnmente en los campos, y hasta en jardines domésticos, 107 agrotóxicos prohibidos en Europa o Estados Unidos, “un tercio de ellos altamente peligrosos”.
Situaciones similares se dan en Brasil, Uruguay y Paraguay, parte también del océano sojero en que se ha convertido el sur del continente americano.