Foto: Gerardo IglesiasLa norma, votada por unanimidad en la legislatura local, era promovida por organizaciones ecologistas e instituciones universitarias y científicas tanto argentinas como chilenas.
En 2018, el gobierno de Mauricio Macri había firmado con su par de Noruega un acuerdo para instalar en Argentina una zona de criadero de salmones en el Canal de Beagle, similar a las que existen en Chile.
Desde entonces, organizaciones ambientales como Greenpeace, comunidades indígenas, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), apoyados por asociaciones y científicos chilenos, reclamaron una ley para prohibir la actividad.
El espejo chileno era suficientemente ilustrativo de lo que puede causar el cultivo de una especie ajena al medio ecológico austral como el salmón.
“Los salmones no son una especie que esté de manera natural en mares de Argentina y Chile, por lo cual la cantidad de químicos y antibióticos que se necesitan para su producción hacen prácticamente imposible que esta actividad se realice sin impacto», comentó la antena argentina de Greenpeace.
En 2007 se detectó en aguas atlánticas la presencia del virus ISA (siglas en inglés de anemia infecciosa del salmón). Fue un desastre ambiental y sanitario de grandes proporciones, que dejó a 15.000 personas sin empleo y causó la muerte de muchas otras especies, incluidas ballenas.
En 2016, se produjo otro escándalo relacionado con este cultivo industrial, cuando el gobierno chileno autorizó el vertido al mar de 5.000 toneladas de salmones en estado de descomposición. Pescadores se quedaron sin trabajo, cerraron restaurantes, el océano resultó contaminado y murieron peces, aves y mamíferos, recordó el jueves 1 un informe de Página 12.
Con la norma aprobada esta semana, “Argentina está haciendo historia (porque) una vez que esta industria se instala es muy difícil combatirla, incluso cuando se cometen ilegalidades y desastres ambientales. Los impactos que deja pueden ser irreversibles”, dijo a ese diario argentino la chilena Estefanía González, vocera de la campaña de océanos de Greenpeace.
“En Chile hemos visto desde muertes de ballenas, de otras especies marinas, contaminación en los fondos que dejan verdaderos desiertos», comentó, y dijo que la lucha contra la industria generó un movimiento binacional a ambos lados del Canal de Beagle.
“Se entiende que el ecosistema es uno solo”, destacó, y apuntó que, así como en 2019 desde Argentina se presionó para que en Chile se declararan ilegales las jaulas salmoneras, desde Chile se respaldó ahora la adopción de la ley de Tierra del Fuego.
“Esperemos que sea una señal para los legisladores en Chile, para proteger de manera definitiva las aguas del canal de Beagle del lado chileno”, dijo González.
Un argumento que se utiliza habitualmente en Santiago para defender la industria salmonera son los empleos que genera y que el país se ha convertido en el segundo productor mundial de salmones, detrás de Noruega. La salmonicultura es además el segundo sector exportador chileno, luego de la minería.
Pero los costos que genera (de todo tipo: sociales, ambientales, sanitarios) son mucho más elevados que los ingresos que produce, mientras los empleos que aporta, que tampoco destacan por su volumen, 21.000 en un país de 18 millones de habitantes, son de muy baja calidad.
“La salmonicultura nunca puede ser sustentable. Como estrategia de desarrollo tiene muchísimas debilidades”, concluyó la vocera de Greenpeace.
