La transnacional francesa sigue negándose a acceder a las demandas de incremento salarial para sus trabajadores y trabajadoras en Brasil. Artur Bueno de Camargo, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (CNTA), manifestó que Lactalis no tiene intenciones de negociar a nivel nacional.
El Proyecto de Ley 6299/2002, conocido como PL del veneno, fue aprobado en una sesión urgente de la Cámara de Diputados el pasado miércoles 9, encendiendo las alarmas del movimiento obrero, de la comunidad científica y de la población en general.
En 2020 entre 10 y 20.000 indígenas trabajaron en frigoríficos de Brasil. La NR-36, que regula salud y seguridad en ese sector, no puede ser modificada sin que antes se consulte a las comunidades originarias, que serán afectadas por esos cambios. Sin embargo, dijo a La Rel la abogada y activista indígena Fernanda Kaingáng, la revisión de esa norma fue planteada entre gallos y medias noches, violando la obligación de consulta a los pueblos originarios consagrada por el Convenio 169 de la OIT.
En respuesta al reclamo de las confederaciones sindicales de la Alimentación CNTA y CONTAC sobre el reajuste salarial del último período, la transnacional francesa argumenta falta de presupuesto para poder cumplir con lo exigido por los trabajadores y las trabajadoras organizados.
El secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Harina y Afines (SITHA), Rafael Salazar, informó a La Rel que las negociaciones con la transnacional por un nuevo convenio colectivo no han logrado avances importantes.
A pesar de que en su pauta publicitaria la transnacional francesa afirma que solo comercializa frutas, legumbres y verduras libres de residuos de agrotóxicos, supermercados pertenecientes a su red fueron sancionados por vender productos contaminados.
La UITA insta al Ministerio de Trabajo de Brasil para que deje sin efecto las propuestas de modificación en la NR36, norma que rige la salud y seguridad en la industria cárnica y avícola.
El protagonismo financiero e internacional de los frigoríficos contrasta con el alto índice de enfermedades y accidentes en el sector. Brasil es el segundo país del G20 en número de accidentes de trabajo, solo por detrás de México.
Aprovechándose de la reforma laboral de 2017, que les permite atacar derechos laborales y llevar la explotación al máximo, las grandes empresas en general dilatan las negociaciones salariales con sus trabajadores, dijo a La Rel Wagner do Nascimento, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de Carambeí.
Dos operaciones de rescate de trabajadores en situación análoga a la esclavitud ocurrieron este año en el municipio de São Borja en el estado de Río Grande do Sul, con 16 trabajadores encontrados en condiciones degradantes, sin protección ni salarios dignos.