Este lunes 28 de marzo, organizaciones que representan a trabajadores y trabajadoras de la alimentación, entre ellas la Rel UITA, realizaron un acto donde se protocolizó una demanda civil colectiva para proteger a las trabajadoras embarazadas de la industria frigorífica.
Participe do ato de protocolo da ação judicial coletiva para preservar as gestantes da exposição a riscos ocupacionais. Segunda-feira dia 28 de março as 17 horas.
Una acción civil interpuesta por el Ministerio Público del Trabajo (MPT) a fines del 2020 contra la empresa cárnica Seara – JBS en el municipio de Rolândia en Paraná tuvo resolución de la justicia laboral esta semana.
En 2020 entre 10 y 20.000 indígenas trabajaron en frigoríficos de Brasil. La NR-36, que regula salud y seguridad en ese sector, no puede ser modificada sin que antes se consulte a las comunidades originarias, que serán afectadas por esos cambios. Sin embargo, dijo a La Rel la abogada y activista indígena Fernanda Kaingáng, la revisión de esa norma fue planteada entre gallos y medias noches, violando la obligación de consulta a los pueblos originarios consagrada por el Convenio 169 de la OIT.
El presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), Martín Cardozo, dialogó con La Rel acerca de las dificultades que enfrentan al Sindicato de Trabajadores de Frigocerro a la patronal, que la semana pasada sancionó a más de 80 trabajadores y despidió a cinco, todos ellos dirigentes sindicales.
Sindicato mantenía negociación para cobrar productividad de manera registrada y, tras no llegar a un acuerdo, se decidió la medida.
La UITA y sus organizaciones afiliadas en todo el mundo están promoviendo una campaña para exigir que el gobierno brasileño cancele la revisión de la Norma Reguladora 36 que garantiza condiciones de salud y seguridad en la industria frigorífica.
A medida que se sale de la pandemia, no puede haber duda de que proteger la salud pública es una prioridad absoluta. Esto no solo significa construir sistemas de atención médica pública mejores, más accesibles y asequibles, sino también mejorar drásticamente las regulaciones de salud y seguridad ocupacional para garantizar lugares de trabajo más seguros para los trabajadores y trabajadoras.
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La demanda fue iniciada por el Ministerio Público del Trabajo (MPT).