Otra vez se repite el escenario que se vive desde la apertura democrática producida en 1986: dos candidatos de derecha se enfrentarán en la segunda vuelta, destacó Carlos.
Esta vez quienes disputarán la presidencia el 11 de agosto serán Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que el 16 de junio obtuvo algo más del 25 por ciento de los votos, y Alejandro Giammattei, del partido Vamos, que alcanzó casi el 14 por ciento.
“Podrían llegar a ser Guatemala y Guatepeor, pero para eso habrá que ver cómo se plantan cuando accedan al gobierno”, ironizó Luch.
“Los partidos de izquierda se movilizaron algo mejor que en otras ocasiones, pero no fue suficiente.
Thelma Cabrera, candidata indígena por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), brazo político del Comité de Desarrollo Campesino, se situó en un muy digno cuarto lugar, con más de 10 por ciento de los votos, y el WINAQ, un partido indigenista de izquierda fundado por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, en el séptimo, con 5,2 por ciento.
Es mejor que en otras ocasiones, pero todavía se está lejos de construir una opción de gobierno medianamente progresista”, señaló el dirigente.
Luch no cree que haya habido un fraude masivo, como denunciaron partidos de izquierda. Hubo denuncias de irregularidades en el escrutinio que el Tribunal Supremo Electoral prometió investigar, pero que no alterarían los resultados, piensa.
“Sigue siendo muy complicada la situación y quienes llegan con opciones de poder seguirán implementando las mismas políticas que se han llevado a cabo hasta ahora.
Estamos en una espiral descendente, y el país continúa marcado por la corrupción”, recalcó.
La propia Torres, ganadora de la primera vuelta, es acusada de actos ilícitos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por Naciones Unidas que se ha ganado la ira de buena parte del personal político y en especial del presidente saliente Jimmy Morales.
Morales expulsó del país al presidente de la CICIG y dispuso no renovarle el mandato cuando caduque, en setiembre próximo.
“De hecho –enfatizó Luch– la CICIG ya no funciona regularmente”,
La excusa del presidente para justificar su decisión fue que la CICIG se inmiscuía en los asuntos internos del país.
“Es muy paradójico que justamente él diga eso, cuando consulta todo el tiempo al presidente de Estados Unidos”, subrayó el sindicalista.
Un último ejemplo de esa dependencia fue la obediencia del guatemalteco a los dictados de Donald Trump respecto al control de los flujos de migrantes.
“A tal punto se agachó que aquí ironizamos con que el muro fronterizo que pretende levantar Trump ya no se hará entre México y Estados Unidos sino entre Guatemala y México”.
La CICIG fue responsable de haber desatado el proceso que condujo a la detención por corrupción del ex presidente Otto Pérez Molina, su vice Roxana Baldetti y varios ministros de su gobierno.
“Aquel movimiento anticorrupción, que se inició en 2015 y que estuvo marcado por una enorme participación popular levantó esperanzas de ver surgir una nueva Guatemala”, recordó Luch.
“Ojalá se vuelva a producir algo semejante”.