En la nueva oleada de protestas murieron al menos 20 personas, entre ellas dos policías.
“De acuerdo a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar la seguridad, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos humanos de toda la población”, afirmaron en el comunicado la CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado.
“Cualquier operativo que lleven a cabo las fuerzas de seguridad debe ajustarse al uso razonable y proporcional de la fuerza”, agregaron, y llamaron al gobierno a desmantelar los grupos paramilitares que atacan a los manifestantes.
Los dos organismos criticaron en particular las agresiones a altos jerarcas de la iglesia católica producidas el lunes 9.
Según afirman, un grupo de al menos un centenar de personas «profirieron insultos, amenazas y golpes” a religiosos entre los que estaban el nuncio apostólico, el cardenal y el obispo auxiliar de Managua.
“Exhortamos al Estado a que se abstenga de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a actores que defienden los derechos humanos y otros que integran el proceso de Diálogo Nacional.
Esta estigmatización puede incentivar la violencia en contra de las personas en razón de sus opiniones”, dijeron.
Desde que se iniciaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en abril pasado, más de 300 personas murieron en las calles, en su mayoría por la represión policial y ataques de grupos paramilitares.