En medio de un gran escándalo, tras 20 meses de gobierno, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú jaqueado por denuncias de corrupción y captación de votos de la oposición a cambio de favores políticos, situación que colocó al país en una situación de ingobernabilidad.
En las elecciones del 2016, el fujimorismo obtuvo mayoría absoluta en el Congreso con 73 representantes de los 130 congresistas. Mayoría fujimorista que le impidió gobernar a Kuczynski.
La situación de Kuczynski, quien indultó de manera fraudulenta al ex presidente Alberto Fujimori, se agravó al descubrirse asesorías y empresas que lo conectaban con Odebrecht en períodos en que desempeñó diversos cargos públicos.
Pero las investigaciones y escándalos persiguen a otros cuatro ex presidentes, Alberto Fujimori (1990-2000) condenado a 25 años de cárcel por graves y sistemáticos hechos de corrupción y de violación de los derechos humanos, recientemente fue indultado por de Kuczynski; mientras que Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), no han sido sentenciados, pero sí han sido (y son aún) protagonistas de indagaciones fiscales y congresales.
Luego de la renuncia de Kuczynski, Martín Vizcarra, el primer vicepresidente del país, quien ejercía como embajador de Perú en Canadá, asumió el cargo de jefe de Estado hasta 2021, como establece la Constitución peruana.
Sobre la corrupción y el rechazo de la ciudadanía al accionar del Congreso de la República en donde también se han dado casos de venta de votos según videos presentados a fines de marzo La Rel converso con Ivonne Macassi, coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y asesora de la Rel-UITA en materia de género.
¿Frente a los actos de corrupción la renuncia y asunción de la Presidencia por Martín Vizcarra, cuáles son las perspectivas para la población y para las mujeres?
-Efectivamente, la situación en el Perú no es nada fácil, la población en general muestra una gran desconfianza por la clase política; sin embargo, en los últimos días a partir de la designación del primer vicepresidente Martín Vizcarra como Presidente Constitucional del Perú parece dar cierto aire.
Muchos son los retos para esta nueva gestión de gobierno, entre ellos: el fortalecimiento del proceso de descentralización, la apuesta por una educación con enfoque de género y sin duda la lucha contra la corrupción instalada en todo el sistema del Estado.
-¿Cómo garantizar la ética, el imperio de la ley y la resolución pacífica de las diferencias, excluyendo toda forma de corrupción y violencia?
-Esta tarea es difícil, se trata de un gobierno débil desde sus inicios y en esta etapa con nuevo presidente y su recientemente instalado gabinete de ministros también sin base en las organizaciones sociales y políticas del Perú, lo hace mucho más frágil.
Sin embargo, hay la esperanza que se consoliden las investigaciones del Ministerio Público en materia de lucha contra la corrupción, así como también se respete la independencia de los otros poderes, como el Poder Judicial.
-¿Qué le auguras al nuevo presidente Martín Vizcarra? ¿Se retrocederá en cuestiones que tienen ver con los derechos de las trabajadoras y trabajadores?
-Poco antes de renunciar el anterior presidente, se aprobó el incremento del Salario Mínimo vital, esta medida viene siendo debatida por el sector empresarial. Sin embargo, sobre ello se espera que no se dé un retroceso.
En relación a los derechos de las mujeres, poco se avanzó antes y ahora no esperamos mucho.
Quizá uno de los temas más álgidos sea la demanda constante desde las organizaciones feministas a las modificaciones que debe debatirse y aprobarse en torno a las normas penales que tipifican los diversos tipos de violencia contra las mujeres, de manera especial la modificación en el Código Penal para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de violación sexual.
-¿Qué le queda a la ciudadanía?
-Estar alertas frente al accionar de la clase política, al manejo de la economía por parte de la clase dirigente del país, estar alertas también frente a las exigencias de desmantelar los pocos programas sociales existentes a favor de los sectores menos desfavorecidos, fortalecer el presupuesto en educación y en la lucha contra la violencia, así como también en seguridad ciudadana.
Muchos desafíos para una administración débil.
Foto: Julia Vicuña