Una parte fundamental del proyecto del gobierno son las llamadas reformas laborales, que significan un retroceso grave de la mayoría de los derechos conquistados y que van a afectar el salario, las jubilaciones, la contratación colectiva, el derecho a la sindicalización y las condiciones de trabajo.
Apenas asumió el poder, Moreno comenzó a despegarse del proyecto que le permitió ganar las elecciones y a atacar al ex presidente Rafael Correa, que lo había elegido como su sucesor.
Posteriormente, Correa diría que fue un error elegir a Moreno pero sin sacar conclusiones políticas de su equivocación.
En realidad, Correa acudió a él porque no tenía otros cuadros formados y sobre todo por el carácter autocrático de su gestión, que no se basó en su movimiento Alianza País sino en su decisión personal.
Correa no solo no tomó en cuenta a su movimiento sino que no construyó bases sociales, desarrollando sus políticas utilizando el Estado como su partido político y a la burocracia estatal como sus operadores y militantes.
Eludió incluso compromisos con los movimientos sociales y, en particular con los sindicatos, creando una nueva central sindical, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), que ni siquiera siguió sus lineamientos, ya que apenas subió Moreno acompañó al nuevo presidente en los ataques contra su predecesor.
Similares situaciones se presentaron con el movimiento indígena y sectores campesinos.
Este enfoque aisló socialmente al correísmo, limitando su amplio apoyo electoral.
En lo económico, Correa desarrolló una propuesta inscripta dentro de la corriente de los movimientos nacionales y populares.
Apuntó a un desarrollo del mercado interno, concesiones a sectores campesinos, medianos y pequeños industriales nacionales, facilidades a pequeñas cooperativas de ahorro y crédito regionales o locales, control de la salida de divisas, prescindencia de los organismos multilaterales de crédito, control del mercado, mejoramiento de la educación y la salud.
Asimismo se buscó canalizar los fondos petroleros en un momento de precios altos del barril, hacia un desarrollo de infraestructura y concesiones sociales sin la participación de las organizaciones sociales.
En ese proceso, el movimiento sindical fue superado por la propuesta política del correísmo y desnudó todas sus falencias estructurales, de unidad sindical, y de atomización.
En Ecuador, apenas 5 por ciento de los activos está afiliado a los sindicatos, agrupados en nueve centrales. Los contratos colectivos son por empresa, al igual que los sindicatos.
Las divisiones sindicales no siempre responden a consideraciones ideológicas o políticas sino a la disputa por parcelas de poder e incluso a intereses personales.
El gobierno de Correa aumentó los salarios, eliminó la tercerización (aunque con limitaciones), facilitó el reconocimiento del trabajo doméstico igualando los salarios de las trabajadoras del hogar con el de otros trabajadores y legalizando su organización sindical.
Además, reconoció el trabajo no remunerado del hogar con derecho a la jubilación, introdujo cambios positivos en algunos modelos de contratación e incorporó medidas tendientes supuestamente a ampliar la participación de los trabajadores en los sindicatos.
Sin embargo, al no haber una política laboral coherente y participativa no se alcanzó a legislar un nuevo Código del Trabajo, los beneficios quedaron a nivel individual, se redujeron los contenidos de los contratos colectivos y a los trabajadores y trabajadoras del sector público se les limitaron los derechos adquiridos de manera unilateral y se les redujo la capacidad de sindicalización y contratación colectiva.
El movimiento sindical, de esa forma, aumentó su dispersión, su posicionamiento social y político se redujo aún más, y se produjo un quiebre con la experiencia previa sindical y política, afectando la identidad y la solidaridad de clase.
En Quito, Javier Medina