“Al 31 de diciembre de 2021, 160 personas permanecían privadas de la libertad arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018, de conformidad con la información proporcionada por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua”, señala el texto del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos.
Las condiciones más deplorables las padecerían las 35 que están encarceladas en la Dirección de Auxilio Judicial (conocida como “El Chipote”), todas ellas opositoras al gobierno y beneficiarias de la protección del sistema interamericano.
Sus familiares reiteraron el 4 de enero la “persistencia de tratos crueles e inhumanos; insalubridad en celdas; despojo de pertenencias; falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada; así como de medicamentos”.
Algunas de ellas, las de mayor edad, estarían en condición “crítica”. Le preocupa a la CIDH también la situación de las mujeres, “que continuarían siendo víctimas de represalias por su importante rol de liderazgo en el país, mediante medidas más severas de aislamiento prolongado, amenazas y contantes interrogatorios”.
La Comisión exhortó de manera general al gobierno de Daniel Ortega a “garantizar el trato digno y el acceso a las personas bajo su custodia a una atención médica adecuada, alimentación nutritiva suficiente y condiciones salubres de detención”.
Se hizo eco además de denuncias de familiares de que habrían sido intimidados de diversas formas por agentes policiales.
Según destaca, los procesos judiciales de las personas detenidas en El Chipote habrían sido suspendidos de manera arbitraria, “lo que mantiene en zozobra tanto a las familias como a las personas privadas de su libertad”.
Además de reclamar a liberación de “todas las personas detenidas arbitrariamente”, la CIDH exige a las autoridades “garantizar el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada mediante el contacto regular e irrestricto de las personas acusadas con su representante legal y a cesar el hostigamiento en su contra”.
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