Santiago Mirande, abogado de Julio de los Santos, el trabajador denunciante, dijo a La Rel que la decisión en segunda instancia se conocerá probablemente hacia fines de año.
Si sus colegas de Arrozal 33 comienzan con dilatorias Mirande está dispuesto a entablar un juicio penal. En lo civil, agotará todas las instancias. De ser necesario, llegará incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo que condena a la arrocera, que tiene montado una suerte de “feudo” en una zona cercana a la frontera con Brasil, es el primero en Uruguay en favor de un trabajador que denuncia haber sido contaminado por agrotóxicos, entre ellos el glifosato.
Tras tres años de proceso, la jueza de Montevideo Elena Salaberry consideró probada esa contaminación e impuso a Arrozal 33 indemnizar a De los Santos por “daño moral”, “daños emergentes” y “lucro cesante”.
Con menos de 50 años, el trabajador tiene una incapacidad física de cerca del 90 por ciento, respira con ayuda mecánica y para sobrevivir necesita enormidad de medicamentos y tratarse casi todos los días en un centro de salud.
Compañeros de trabajo de Julio que están en situación similar esperan a ver cómo se dilucida este proceso para elevar sus propias denuncias.