El organismo autónomo de la OEA manifestó su “preocupación por la falta de investigación respecto de las amenazas de muerte perpetradas por el grupo autodenominado Comando Barneix en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay”.
Semanas atrás, nueve de las 13 personas amenazadas por ese grupo clandestino, más el Observatorio Luz Ibarburu, elevaron una denuncia contra el Estado uruguayo porque pasados dos años de los hechos poco o nada se había avanzado en su esclarecimiento y menos aún en el castigo de los culpables.
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La impunidad permanente
A fines de enero de 2017 el comando que lleva el nombre de Pedro Barneix, un general retirado que se suicidó en 2015 para evitar ser detenido por la desaparición, tortura y asesinato de un militante opositor durante la dictadura, advirtió a las personalidades incluidas en su lista que por cada nuevo militar que fuera procesados o se autoeliminara tres de ellos serían ejecutados.
En la lista figuraban el ministro de Defensa, el fiscal de corte, fiscales, ex fiscales, abogados y una investigadora. De ellos, tres eran extranjeros (un francés, un brasileño y una italiana).
“La Comisión ha destacado la especial gravedad de estas amenazas, al considerar que pueden aumentar el riesgo de que queden en impunidad los casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Uruguay además de que pueden menoscabar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia”, dice el comunicado.
En su demanda, los denunciantes habían destacado sin embargo la escasa relevancia que el Estado uruguayo había otorgado a este hecho, dada la ausencia de investigaciones al respecto.
“En este contexto –señala el texto– la CIDH urge al Estado a desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de las amenazas, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables”.
Además, “insta al Estado a adoptar de manera inmediata las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad de este grupo de personas”.