Un esqueleto entero de una persona adulta fue lo que pusieron al descubierto entre el martes y el miércoles los integrantes del Grupo de Investigación de Arqueología Forense (GIAF) en los fondos del Batallón 13 de Infantería, una dependencia militar en la que funcionó entre 1975 y 1977 uno de los campos de concentración más activos y terribles de la dictadura uruguaya.
Los restos de él o la víctima estaban enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, en una fosa cavada en un barranco ubicado en una zona inundable, justo al lado de un arroyo, a menos de cien metros de distancia del lugar donde, en 2005, se había descubierto el cuerpo del militante comunista Fernando Miranda.
Cuando sobre el mediodía del martes 27, una retroexcavadora tocó en la tierra lo que parecían ser restos de cal, la coordinadora del GIAF, Alicia Lusiardo, ordenó parar los trabajos mecánicos y los antropólogos comenzaron a escarbar a mano: primero apareció un cráneo, más tarde una clavícula, posteriormente el esqueleto completo.
Los otros cuatro cuerpos de desaparecidos hallados hasta ahora también estaban cubiertos de cal: los asesinos la echaban en abundancia sobre los cadáveres para que las partes blandas se disolvieran rápidamente. Ignoraban entonces que la cal refuerza el calcio de los huesos y ayuda a conservar el ADN.
Los forenses deberán limpiar el esqueleto, devolverle –dijeron- “su dignidad después de tantos años pasados en esas condiciones” y proceder a estudios primarios para determinar sexo, edad y altura de la persona asesinada.
Luego, enviarán muestras de ADN a un laboratorio de genética en Córdoba, donde desde 2009 el Equipo Argentino de Antropología Forense procesa muestras óseas y de sangre que han permitido identificar a cientos de desaparecidos en toda América Latina.
A mediados de septiembre se podría estar en condiciones de saber la identidad de la persona hallada.
Los familiares de desaparecidos que se trasladaron al cuartel debieron esperar dos horas fuera del predio para poder ingresar.
Los soldaditos que custodiaban el perímetro no les flanquearon las barreras ni siquiera cuando un funcionario del Ministerio de Defensa les mostró documentación, ni cuando la jueza a cargo de la investigación de casos de desaparecidos en ese lugar se comunicó con ellos por teléfono.
Esperaban una orden “específica” proveniente de alguna autoridad militar de alto rango.
Debieron obedecer cuando la jueza se trasladó personalmente al batallón.
La impunidad con que sienten que se pueden mover todavía los militares en Uruguay habla a las claras del atraso que se vive en el país en relación a estos temas: 38 años después de terminada la dictadura apenas un puñado de responsables civiles y militares de aquel régimen han ido a parar a la cárcel, y en condiciones de privilegio.
Centenas de causas por delitos de lesa humanidad están enterradas en los juzgados, algunas archivadas sin motivo justificado, y otras retrasadas por la “sensibilidad” de la justicia a las presiones de los uniformados y del poder político.
Hasta 2005 no se pudo ingresar a los cuarteles a pesar de la abundancia de datos sobre entierros clandestinos en sitios como el 13 de Infantería, una de las principales bases del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en los setenta y ochenta, conocido como “300 Carlos” en la interna castrense o como “Infierno grande” por los testimonios de los más de 500 presos políticos sobrevivientes.
El gobierno del Frente Amplio –comenzado en 2005- facilitó el acceso a los predios militares, pero no pocos de sus jerarcas, en especial en el Ministerio de Defensa, pusieron cuantos palos en las ruedas pudieron al esclarecimiento de los casos, el castigo a los culpables y las operaciones de búsqueda.
Cada “reaparición” de un desaparecido plantea interrogantes: cómo lo mataron, por qué, en qué condiciones, en qué momento. También quién o quiénes lo asesinaron. Y si aquellos que cometieron estos delitos (una suma de aberraciones) seguirán o no paseándose por las calles, conviviendo con normalidad con la gente o acabando sus días como si nada hubiera pasado.
Los antropólogos continuarán peinando las 22 hectáreas del cuartel, en el que se piensa que puede haber al menos una decena de cuerpos enterrados.
Se han movido en base a testimonios, en su gran mayoría anónimos, muchos de ellos “carne podrida” lanzada por militares para despistar sobre los lugares de búsqueda.
“Nunca hemos tenido un dato preciso”, dijo Alicia Lusiardo.
Cambiarán de técnica de rastreo: hasta ahora habían optado por buscar dejando espacios entre cada gran trinchera rectangular que cavan. Este último esqueleto fue hallado en la trinchera 3.896.
El 85 por ciento de una superficie del cuartel delimitada y cautelada en 2011 por decisión judicial para tratar de ubicar los restos de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, ya fue excavada.
El área cautelada corresponde al 56 por ciento del total del terreno del batallón. Queda por buscar en el 15 por ciento de la superficie delimitada, y en el 44 por ciento restante del predio. El GIAF lo hará ahora centímetro a centímetro si los gobiernos de turno le dan medios para hacerlo.
“Tenemos la seguridad de que los vamos a encontrar. En definitiva, debemos seguir buscando y pidiendo que se profundicen los trabajos”, dice Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Errandonea, como el fiscal especial de delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe y muchos otros, piensa que una versión difundida por militares de que los cuerpos de los desaparecidos habían sido desenterrados en el marco de una llamada “Operación Zanahoria” y luego incinerados y tirados al mar es falsa.
José López Mazz, el antropólogo que precedió a Lusiardo en la conducción de los trabajos del GIAF, cree por el contrario que esa tiene algún asidero porque en un sitio donde se buscó en base a un testimonio muy preciso se encontraron evidencias de remoción de tierras y un hueso en mal estado al que no se le pudo extraer el ADN.
“Como científico no puedo dejar de decir que existió una ‘Operación Zanahoria, aunque eso sea funcional a los militares que quieren hacer pensar que no se va a encontrar nada. Pero creo también que fue una operación muy acotada y que la mayor parte de los desaparecidos siguen enterrados en algún lugar, como lo demuestran estos hallazgos. Hay que seguir trabajando”, dijo.
En el Batallón 13 se hallaron –con este- dos cuerpos; otros dos en el Batallón 14, también en Montevideo, y uno en una chacra del departamento de Canelones, vecino a la capital.
Hay informaciones sobre posibles enterramientos de desaparecidos en cerca de 50 sitios a lo largo de todo el país.
“Las cosas tienen que ser mucho más rápidas. Si el poder político no se pone las pilas para acelerar las búsquedas pasará como en España, donde recién décadas después de acabado el franquismo se comenzó a buscar a los fusilados por la dictadura, cuando ya casi no hay sobrevivientes para poder hacer justicia”, clama Errandonea.