Foto: Gerardo IglesiasDesde que el gobierno de Luis Lacalle Pou asumió en Uruguay, en marzo de 2020, se temía una ofensiva contra derechos y libertades. Organizaciones de derechos humanos, la central sindical única, decenas de asociaciones preveían que así sería vistas, por ejemplo, una serie de leyes que la administración se proponía aprobar y las posturas de muchos de los nuevos gobernantes.
También lo hicieron organismos y asociaciones internacionales.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), creada por ley en 2008 con apoyo de todos los partidos políticos representados en el parlamento, advirtió en mayo de 2020 que la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), una ley ómnibus de cerca de 500 artículos que aborda infinidad de temas, contenía disposiciones que podrían atentar contra los derechos humanos.
Mencionaba entre otros el enorme aumento de las penas para ciertos delitos a menores infractores, la facilitación del porte de armas por los ciudadanos y la expansión de la figura de la legítima defensa para policías y agentes de seguridad.
A lo largo del año, la INDDHH fue documentando una serie de hechos que confirmaron sus temores.
Los casos de abuso policial, por ejemplo, se reiteraron.
Pero a medida que la INDDHH los iba denunciando, iba recibiendo ataques de parte de gobernantes y de legisladores afines al gobierno.
En setiembre pasado, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, calificó a la institución de “club político” y dijo que no iba a seguir sus recomendaciones ni tener en cuenta sus observaciones.
En febrero pasado, un legislador oficialista, Guillermo Domenech, del partido de extrema derecha Cabildo Abierto, dijo que organismos como la INDDHH “no deberían existir” y votó en contra de renovarle su presupuesto.
Fueron apenas dos de las declaraciones de ese tipo provenientes de dirigentes de partidos integrantes de la coalición de gobierno.
En su comunicado, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos menciona explícitamente a Uruguay y a Ecuador entre los países latinoamericanos y caribeños cuyas instituciones nacionales de derechos humanos son objeto de “declaraciones públicas” que las desacreditan.
La acción de instituciones independientes de este tipo, señaló, es “fundamental para cualquier sociedad”, pero “no deben enfrentar ninguna forma de abuso o interferencia, especialmente presión política”, señaló la ex presidenta de Chile.
“Sólo pueden cumplir con su mandato de proteger y promover los derechos humanos si pueden operar sin interferencias indebidas de los gobiernos y otros y pueden mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, subrayó.
