Audelia Molina, una migrante mexicana, ganaba 10 centavos por cada prenda que recortaba en un taller de Los Ángeles, la capital de la confección de prendas de vestir de Estados Unidos. Su sueldo era tan bajo que empezó a trabajar 11 horas diarias para aumentar su producción. Cuando pidió un aumento, su supervisor se lo negó, por lo que en julio de 2017 ella renunció y acudió a un abogado laboral para que la ayudase a radicar una demanda por salarios impagos ante la Comisión del Trabajo de California.