La firma transnacional HIF Global será multada por el Ministerio de Ambiente al confirmarse la tala ilegal de monte nativo en el predio donde propone instalar una planta de producción de combustibles sintéticos que no cuenta aún con autorización ambiental de localización.
El gobierno uruguayo defiende aplicar el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los agroquímicos, mientras el principal partido de la oposición conservadora adelantó que buscará eliminar el artículo del proyecto de Ley de Presupuesto que grava el uso de estas sustancias.
Mientras las autoridades uruguayas hacen de cuenta que no pasa nada, del lado argentino definen la situación como una calma tensa y el gobernador de Entre Ríos anuncia que volverá a Montevideo para insistir con el reclamo de relocalización de HIF, acompañado ahora por la Cancillería de su país.
El gobierno uruguayo comenzó una evaluación ambiental sobre la viabilidad de los proyectos de producción de hidrógeno verde y derivados sin transparentar el procedimiento ni el papel asignado a las instancias de gestión del agua establecidas por la ley y la Constitución.
La incorporación por el Poder Ejecutivo del “Área de manejo de hábitats y/o especies Islas del Queguay” al Sistema Nacional de Áreas Protegidas plantea una incompatibilidad sustancial con la instalación de la planta de producción de combustibles propuesta por la multinacional HIF Global en esa zona.
Rastros de petróleo en siete playas, más de un kilómetro y medio de costa afectada y centenares de animales muertos por la contaminación con hidrocarburos no se corresponden con la explicación de las autoridades .
De acuerdo con el científico español Antonio Turiel, la Unión Europea está desistiendo de sus planes de desarrollo del hidrógeno verde como alternativa viable en la lucha por la descarbonización del planeta e irá dejando por el camino los proyectos promovidos en Uruguay y otros países de la región.
El gobierno de Yamandú Orsi dejó sin efecto el contrato que habilitaba el polémico proyecto Neptuno y echó por tierra la idea aprobada por Luis Lacalle Pou, justo en el final de su mandato, de construir una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en el balneario Arazatí, en el departamento de San José.
El consorcio privado infraestructura Arazatí S A rechazó el acuerdo, pero la no comparecencia de la empresa estatal de aguas OSE en la audiencia solicitada por las organizaciones sociales indicó que el nuevo gobierno ha decidido por el momento no pronunciarse a favor o en contra del cuestionado contrato.
Un equipo de aplicación terrestre, conocido popularmente como “mosquito”, roció con productos químicos “a escasos 20 metros” de la institución de enseñanza técnica.