Los cambios en la Ronda Uruguay lograron que cuatro empresas se interesaran en volver a buscar hidrocarburos en el mar uruguayo. Aunque estaban supeditadas a la autorización ambiental, el ministerio de Ambiente alegó el respeto de los contratos para aprobar las prospecciones sísmicas, con medidas preventivas de dudosa eficacia.
En Uruguay la búsqueda de hidrocarburos es una política que lleva décadas y continúa hasta el presente como si todo siguiera igual en el país y en el planeta.
Avanzando un paso más para concretar la instalación en el departamento de Paysandú de la refinería de combustibles sintéticos propuesta por HIF, el gobierno uruguayo se comprometió a facilitar autorizaciones ambientales y exoneraciones fiscales, sin contrapartida equivalente de la multinacional.
Colectivos de vecinos aseguran que la búsqueda de hidrocarburos “reinstala la lógica fósil” y que la decisión del Ministerio de Ambiente de autorizar a cuatro multinacionales que buscan hacer exploración sísmica “contradice” la política nacional de transición energética.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) propuso sancionar al dueño del “mosquito” que roció con glifosato la Escuela Agraria de UTU con apenas 42 mil pesos de multa.
La firma transnacional HIF Global será multada por el Ministerio de Ambiente al confirmarse la tala ilegal de monte nativo en el predio donde propone instalar una planta de producción de combustibles sintéticos que no cuenta aún con autorización ambiental de localización.
El gobierno uruguayo defiende aplicar el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los agroquímicos, mientras el principal partido de la oposición conservadora adelantó que buscará eliminar el artículo del proyecto de Ley de Presupuesto que grava el uso de estas sustancias.
Mientras las autoridades uruguayas hacen de cuenta que no pasa nada, del lado argentino definen la situación como una calma tensa y el gobernador de Entre Ríos anuncia que volverá a Montevideo para insistir con el reclamo de relocalización de HIF, acompañado ahora por la Cancillería de su país.
El gobierno uruguayo comenzó una evaluación ambiental sobre la viabilidad de los proyectos de producción de hidrógeno verde y derivados sin transparentar el procedimiento ni el papel asignado a las instancias de gestión del agua establecidas por la ley y la Constitución.
La incorporación por el Poder Ejecutivo del “Área de manejo de hábitats y/o especies Islas del Queguay” al Sistema Nacional de Áreas Protegidas plantea una incompatibilidad sustancial con la instalación de la planta de producción de combustibles propuesta por la multinacional HIF Global en esa zona.