La Justicia uruguaya ordenó precautoriamente al gobierno de Luis Lacalle Pou no firmar el contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo por considerar que existe una seria controversia constitucional y ambiental no resuelta con el Proyecto Neptuno.
Bajo los loables fines de descarbonizar la economía y contener el cambio climático, Uruguay vive una ofensiva inversionista internacional de mayor alcance y consecuencias que la forestación.
Advierten que la construcción de una laguna artificial y la descarga de lodos, además de inutilizar tierras agrícolas, pueden tener graves efectos sociales y ambientales en una amplia zona.
Un derrame de soda cáustica de UPM Paso de los Toros en la zona franca y un predio vecino, aniquiló toda la vida vegetal y animal del terreno y un arroyo que desemboca en el río Negro.