Un conjunto de organizaciones sociales, con el respaldo de un informe científico, presentaron una nueva acción de amparo ante la justicia civil uruguaya reclamando la suspensión de las prospecciones sísmicas y de la búsqueda de hidrocarburos en el mar territorial.
Mientras sectores sociales expresaban su oposición a las prospecciones petroleras en el mar, cuatro acciones judiciales desde organizaciones civiles y una institución del Estado, que proponían suspender preventivamente las autorizaciones del Ministerio de Ambiente, sufrieron dilaciones y rechazos por razones formales que les restaron eficacia sin analizar las razones de fondo.
Los cambios en la Ronda Uruguay lograron que cuatro empresas se interesaran en volver a buscar hidrocarburos en el mar uruguayo. Aunque estaban supeditadas a la autorización ambiental, el ministerio de Ambiente alegó el respeto de los contratos para aprobar las prospecciones sísmicas, con medidas preventivas de dudosa eficacia.
En Uruguay la búsqueda de hidrocarburos es una política que lleva décadas y continúa hasta el presente como si todo siguiera igual en el país y en el planeta.
Avanzando un paso más para concretar la instalación en el departamento de Paysandú de la refinería de combustibles sintéticos propuesta por HIF, el gobierno uruguayo se comprometió a facilitar autorizaciones ambientales y exoneraciones fiscales, sin contrapartida equivalente de la multinacional.
Colectivos de vecinos aseguran que la búsqueda de hidrocarburos “reinstala la lógica fósil” y que la decisión del Ministerio de Ambiente de autorizar a cuatro multinacionales que buscan hacer exploración sísmica “contradice” la política nacional de transición energética.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) propuso sancionar al dueño del “mosquito” que roció con glifosato la Escuela Agraria de UTU con apenas 42 mil pesos de multa.
La firma transnacional HIF Global será multada por el Ministerio de Ambiente al confirmarse la tala ilegal de monte nativo en el predio donde propone instalar una planta de producción de combustibles sintéticos que no cuenta aún con autorización ambiental de localización.
El gobierno uruguayo defiende aplicar el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los agroquímicos, mientras el principal partido de la oposición conservadora adelantó que buscará eliminar el artículo del proyecto de Ley de Presupuesto que grava el uso de estas sustancias.
Mientras las autoridades uruguayas hacen de cuenta que no pasa nada, del lado argentino definen la situación como una calma tensa y el gobernador de Entre Ríos anuncia que volverá a Montevideo para insistir con el reclamo de relocalización de HIF, acompañado ahora por la Cancillería de su país.