La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Los Tucu-Tucu, de San José, presentaron una demanda para que el Poder Judicial declare nulo por inconstitucional el contrato por el proyecto Neptuno-Arazatí firmado entre OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo
La justicia uruguaya, a través de una resolución del Tribunal de Apelaciones, dejó el camino libre para que prosiga su marcha el llamado proyecto Neptuno, que avanza hacia la gestión privada del agua potable en Uruguay.
Productores y residentes de San José reclaman al presidente Luis Lacalle Pou que cumpla la palabra empeñada en buscar alternativas a los impactos negativos del proyecto Neptuno, que busca extraer agua del Río de la Plata en esa zona para el abastecimiento de agua potable en la capital y la región metropolitana.
La Justicia uruguaya ordenó precautoriamente al gobierno de Luis Lacalle Pou no firmar el contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo por considerar que existe una seria controversia constitucional y ambiental no resuelta con el Proyecto Neptuno.
Bajo los loables fines de descarbonizar la economía y contener el cambio climático, Uruguay vive una ofensiva inversionista internacional de mayor alcance y consecuencias que la forestación.
Advierten que la construcción de una laguna artificial y la descarga de lodos, además de inutilizar tierras agrícolas, pueden tener graves efectos sociales y ambientales en una amplia zona.
Un derrame de soda cáustica de UPM Paso de los Toros en la zona franca y un predio vecino, aniquiló toda la vida vegetal y animal del terreno y un arroyo que desemboca en el río Negro.