El centro de la capital uruguaya se llenó de voces, carteles y banderas palestinas. Frente a la Intendencia de Montevideo, una multitud se concentró con un mensaje claro: basta de genocidio.


El centro de la capital uruguaya se llenó de voces, carteles y banderas palestinas. Frente a la Intendencia de Montevideo, una multitud se concentró con un mensaje claro: basta de genocidio.

La semana pasada se conoció lo que grandilocuentemente –y eufemísticamente– se llamó “plan de paz para Gaza”.

En Latinoamérica, defender la tierra, el agua o la dignidad humana sigue siendo, en demasiados casos, una condena de muerte. En 2024, la región registró 257 asesinatos de defensores de derechos humanos, según el informe más reciente de Front Line Defenders.

CGIL y USB llaman a protestas masivas en todo el país.

Los interesados deberán formalizar su participación hasta el día 25 de octubre.

En aguas territoriales griegas, muy cerca de la isla de Creta, la misión humanitaria hizo una pausa. Será la última antes de emprender nuevamente el viaje de casi una semana hasta el destino final.

El gobierno de Panamá, bajo la administración de José Raúl Mulino, se ha caracterizado por un estilo represor y dictatorial: criminaliza la protesta, persigue y judicializa a gremios y sindicatos que alzan la voz contra medidas antipopulares, utilizando para ello a la fuerza pública.

En una semana en la que expertos independientes llegaron a la conclusión de que lo que sucede en Gaza no puede ser calificado de otra forma que de genocidio y que un ministro israelí ratificó los planes de su gobierno para convertir al arrasado enclave en un balneario de lujo para millonarios.

Reenvío a juicio para los ejecutores materiales.

Desde hace casi dos años, Gaza se ha convertido en un agujero negro informativo. No es solo una figura retórica: es un lugar donde informar equivale a firmar una sentencia de muerte.