El pasado 8 de marzo el Congreso guatemalteco aprobó el decreto 18-2022, denominado “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” que, entre otras aberraciones, prohíbe el matrimonio homosexual y eleva las penas por aborto.


El pasado 8 de marzo el Congreso guatemalteco aprobó el decreto 18-2022, denominado “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” que, entre otras aberraciones, prohíbe el matrimonio homosexual y eleva las penas por aborto.

En el marco de la movilización contra la guerra organizada por Milano Antifascista, Antirracista, Mestiza y Solidaria, que contó con la participación de la Rel UITA, el Comité “Berta Vive Milano” se solidarizó con el pueblo guatemalteco y rechazó con fuerza el Decreto 18-2022 (iniciativa 5272), que discrimina, estigmatiza y criminaliza mujeres y personas LGBTI.

Ante la reciente aprobación del decreto ley 18-2022, la Secretaría Regional de la UITA envió una nota al presidente de Guatemala en rechazo a esta norma que “consagra la discriminación sexista, en particular en el sistema educativo, y penaliza aún más un derecho como el de la interrupción del embarazo, violando convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala”.

El diputado Aldo Dávila explica en el siguiente podcast el terrible retroceso en materia de derechos humanos que implica la aprobación, el pasado 8 de marzo, del decreto ley 18-2022.

Presidente Giammattei pide su retiro y amenaza con vetarla

El propio Estado, ese que debería asegurarnos la vida, la libertad, la justicia y el desarrollo integral, la salud, la educación, es el que promueve y aprueba la mal llamada “ley para la protección de la vida y la familia”, un verdadero insulto a la inteligencia.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, ante la aprobación del decreto 18-2022, recomienda al Estado de Guatemala dejarlo sin efecto porque contraviene lo establecido en leyes nacionales y convenciones internacionales aceptados y ratificados por el Estado.

Demoniza diversidad sexual y eleva penas

“No estamos renunciando a la lucha, pero hoy nos vamos a alegrar de que nombren a nuestra compañera Berta Cáceres, que reivindiquen a los pueblos indígenas, a las mujeres como sujetas válidas que podemos proponer”, dice Laura Zúñiga, militante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Trabajadoras de Amy’s Kitchen relatan sus peligrosas condiciones en el trabajo y dejan en evidencia que el discurso de la empresa no es acorde a la realidad que padecen sus trabajadores y trabajadoras.