Atacar las pensiones públicas, al igual que atacar la sanidad, la educación o los servicios sociales, no es un debate técnico. Es un ataque político y moral al Estado del bienestar, a la igualdad y a la solidaridad, impulsado por la derecha extrema y la extrema derecha.
Este jueves 18 de diciembre, una multitudinaria movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), se manifestó en rechazo al proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el Gobierno del presidente Javier Milei hace apenas una semana.
Por estos días estoy en Uruguay, donde vine a tocar con Agarrate Catalina en el homenaje al querido Pepe Mujica. Un poco desconectado de las noticias, me entero por el presidente Yamandú Orsi, con quien tuve la suerte de estar, sobre la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer en la entrada a Río Gallegos.
Horacio Paone es un fotorreportero jubilado con quien nos puso en contacto Federico Tatter, de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).
Durante la marcha de los jubilados donde las fuerzas de seguridad reprimieron a adultos mayores y jóvenes, sin identificación partidaria, la estrategia de la ministra Bullrich fue saturar la plaza Congreso de gases lacrimógenos, balas de goma y montar una obra teatral de provocaciones.
En una entrevista* reciente, el presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, como “un comunista asesino”.
El gobierno de Jair Bolsonaro fue responsable, entre otros muchos desastres, de una gigantesca precarización del trabajo iniciada con la reforma laboral de su predecesor Michel Temer, que el ultraderechista respaldó en su momento desde el Congreso.
Si derrotar a Jair Bolsonaro y los intereses que representa era el primer objetivo de esta elección, lejos está de haberse conseguido. El exceso de exitismo que experimentaba la militancia del Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados se transformó en resaca electoral.