Mientras sigan existiendo jornadas interminables, salarios insuficientes y condiciones laborales que dificultan la vida personal y familiar, seguirá siendo complicado atraer y mantener profesionales.


Mientras sigan existiendo jornadas interminables, salarios insuficientes y condiciones laborales que dificultan la vida personal y familiar, seguirá siendo complicado atraer y mantener profesionales.

Mientras el turismo bate récords históricos de ingresos y visitantes, miles de familias trabajadoras afrontan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna, soportar el coste de la vida o seguir viviendo en los barrios donde nacieron.

Los salarios no acompañan la escalada de precios del sector de la hostelería en Andalucía, y la consecuencia es evidente: pérdida de poder adquisitivo, dificultades de acceso a la vivienda y aumento de las desigualdades.

Miles de millones de euros de todos van a parar a unos pocos, mientras los centros de salud se saturan y los hospitales se tensionan en función de una estrategia del gobierno andaluz controlado por el Partido Popular de recortar el presupuesto público.

El turismo genera actividad económica, pero también evidencia importantes desequilibrios laborales: contratos parciales involuntarios, salarios bajos, sobrecarga de trabajo y, en muchos casos, incumplimiento de convenios, apunta el histórico dirigente de Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras en esta nota.

Las recientes declaraciones de Donald Trump calificando a España como un “país perdedor” revelan algo más que una simple provocación política.

La ofensiva ultraliberal que hoy golpea a Argentina ya tuvo eco en España: cuando se debilitan los derechos laborales, siempre pagan los mismos.

El turismo en España bate récords de beneficios, pero la riqueza no llega a quienes lo sostienen. Mientras las cifras se disparan, las condiciones laborales siguen siendo precarias y la calidad de vida de las personas residentes se ve amenazada por la masificación turística.

Atacar las pensiones públicas, al igual que atacar la sanidad, la educación o los servicios sociales, no es un debate técnico. Es un ataque político y moral al Estado del bienestar, a la igualdad y a la solidaridad, impulsado por la derecha extrema y la extrema derecha.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado un clima de miedo y violencia en varias ciudades del país. Familias separadas, vidas perdidas, protestas masivas… esto no es ficción: es la realidad de hoy.