Aprovechando un escenario político oscuro y pesado, las fuerzas que apoyan al presidente de ultraderecha Javier Milei organizarán el 29 de noviembre en Buenos Aires una marcha para presionar por la liberación de los militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Brasil acaba de ingresar en un territorio inexplorado. La condena a 27 años y tres meses de cárcel contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado no solo clausura una etapa política, sino que también abre un frente de tensiones institucionales que pondrá a prueba la solidez de la democracia brasileña.
El silencio oficial se prolongó durante cinco años. Una demanda civil pública, interpuesta por productores de uvas y manzanas cuyas plantaciones fueron devastadas por la deriva de agrotóxicos, permaneció encajonada mientras en la agricultura del sur de Brasil se extinguía su diversidad.
El Movimiento Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Brasil solicitó al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) actuar como amicus curiae (amigo de la corte) en la causa que trata la ejecución de la pena del uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo, condenado en ausencia en Italia a cadena perpetua.
Invocando los principios de la justicia universal, el fiscal argentino Guillermo Marijuan pidió la captura del ex presidente birmano Htin Kyaw y 24 altos funcionarios de su gobierno por crímenes de lesa humanidad cometidos contra la minoría rohingya.
La Fiscalía General de Brasil homologó un fallo de la justicia italiana que condenó a cadena perpetua al represor uruguayo Pedro Mato Narbondo, y el militar retirado pasaría a cumplir una pena en Brasil, donde vivía tranquilamente desde hace décadas.
Cofadeh, Fidh y Rel UITA determinantes en acompañamiento del caso Herminio Deras.
El 3 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Honduras por los crímenes cometidos contra Herminio Deras y su familia. El Estado aceptó completa su responsabilidad por estos hechos. Ahora toca cumplir esa sentencia. La Rel reproduce a continuación un comunicado conjunto de la UITA, la COFADEH y la FIDH referido a este tema.
En 1999 familiares de desaparecidos latinoamericanos de origen italiano iniciaron en Roma un juicio contra represores del Plan Cóndor para lograr que la península hiciera lo que en sus propios países no podían conseguir: que se hiciera justicia. Veintidós años después, en gran parte esa justicia llegó.
La Audiencia Provincial de Navarra condenó a nueve meses de prisión al propietario de un hotel de la localidad de Javier por haber explotado durante años a una trabajadora migrante búlgara.