Sérgio Poletto, 2º secretário da Federação de Trabalhadores e Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul (FETAR-RS), analisa os impactos que terá a aprovação de um projeto de lei que libera o uso de agrotóxicos proibidos nos países onde são fabricados.
El pasado 29 de junio la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul aprobó un proyecto de ley (260/2020) enviado por el gobierno que modifica la legislación sobre el uso de agrotóxicos en el estado. La nueva norma apunta a permitir la importación y el uso en cultivos de productos prohibidos en sus países de origen.
La provincia argentina de Tierra del Fuego adoptó el miércoles 30 una ley que prohíbe la cría industrial de salmones en su territorio. Es la primera en el mundo que se aprueba antes de que esa actividad comience a desarrollarse y provoque desastres ambientales y sanitarios como lo está haciendo en Chile.
En un documento interno, Nestlé admite que 60 por ciento de los productos que vende no son saludables. En paralelo, una investigación de un organismo público de contralor de Brasil señala que, además de ultraprocesados, esos “alimentos” contienen agrotóxicos como el glifosato.
De a poco, a fuerza de investigaciones independientes y de acciones judiciales, las transnacionales agroquímicas y sus productos estrella van quedando al desnudo. Después de Bayer-Monsanto le tocó el turno a Syngenta.
Bayer intentó aplicar una política de reducción de daños para sus propias arcas promoviendo un acuerdo que limitara a 2.000 millones de dólares las indemnizaciones que debería pagar a las víctimas de sus productos a base de glifosato que intentaran demandarla en el futuro. Un juez lo declaró ilegal.
En la última edición del informe “Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores”, Ecologistas en Acción visibiliza la contaminación con plaguicidas de los alimentos en venta en España.
Una corte de apelaciones de Estados Unidos confirmó la decisión de imponer a Bayer Monsanto el pago de 25 millones de dólares al agricultor Edwin Hardeman por ser responsable de un cáncer que contrajo en 2015 en razón de su exposición al agrotóxico Roundup.
Nestlé comenzó a exigir a sus trabajadores y trabajadoras el uso de un carné Covid-19, una idea que el Ministerio de Salud había manejado y que luego descartó por las protestas que suscitó en el Parlamento.
Una investigación universitaria publicada meses atrás alertó sobre los efectos ambientales y sanitarios nocivos del agrotóxico etropofós, utilizado a menudo en las plantaciones de banano costarricenses. La siguiente nota, publicada por el portal Surcos Digital* −con quien la Rel UITA tiene una cercana y solidaria relación− destaca la inacción del gobierno tras la difusión de ese estudio.