Más de un centenar de trabajadores tabacaleros, algunos de ellos adolescentes, fueron rescatados esta semana en situación análoga a la esclavitud. Se suman a otros, cercanos a la veintena, liberados de las fauces de una empresa clandestina del mismo sector unos pocos días atrás.
Se llama greenwashing a esas estrategias de mercadotecnia empleadas por empresas para mostrar al público cuán respetuosas son del medio ambiente. Las mayores transnacionales del mundo se han especializado en esas técnicas de lavado de cara. Sobre todo, las más contaminantes.
No es que sea precisamente una sorpresa en el paraíso de los agrotóxicos en que se ha convertido el Brasil de Jair Bolsonaro, pero las revelaciones sobre los desmanes de su gobierno en el plano sanitario y ambiental se siguen acumulando: ahora se divulgó que un insecticida prohibido no sólo en el primer mundo sino también en Argentina se sigue y se seguirá vendiendo en el gigante sudamericano porque sus autoridades lo consideran inocuo.
En momentos en que se presenta una nueva demanda internacional contra el presidente de Brasil por crímenes contra la humanidad por la devastación que está causando su política de deforestación en la Amazonia se difunde un informe que destaca la responsabilidad de empresas y bancos occidentales en esas prácticas.
Una asociación austríaca denunció este martes 12 al presidente de Brasil ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el desastre ambiental global en la Amazonia fomentado por las políticas extractivistas preconizadas por su gobierno.
En Europa la industria de la carne mueve miles de millones de dólares y deja cada vez más ganancias a las compañías, pero buena parte del millón de trabajadores que emplea son migrantes que laboran en condiciones de precariedad casi absolutas.
Arrozal 33, la empresa arrocera que fue condenada la semana pasada a indemnizar a uno de sus trabajadores que contrajo graves enfermedades por el uso de agrotóxicos, apeló el fallo.
La industria química está presionando en Europa para que el glifosato pueda seguir siendo empleado en el continente, a pesar de que 60 por ciento de los estudios universitarios publicados en la región demuestran su nocividad.
Con menos de 50 años, Julio de los Santos tiene una incapacidad física de cerca del 90 por ciento, respira con ayuda mecánica y para sobrevivir necesita enormidad de medicamentos y tratarse casi todos los días en un centro de salud. Todo eso se lo debe a su exposición a agrotóxicos durante los 384 días en los que la empresa para la que trabajaba, Arrozal 33, lo exprimió hasta más no poder.
El año pasado fue el más letal en el mundo para los defensores de la tierra y el ambiente. 2019 había sido más letal que 2018 y 2018 que 2017… De los 227 asesinatos cometidos en 2020, el doble que en 2013, 226 tuvieron lugar en el llamado Sur global, y en buena parte de ellos estuvieron involucradas empresas.