La Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció los crecientes ataques que padecen las instituciones independientes de derechos humanos de América Latina y el Caribe de parte de gobiernos y parlamentarios oficialistas. Uruguay está entre ellos.
Los periodistas que en cualquier parte del mundo denuncian el accionar de las grandes empresas de la alimentación se ven a menudo confrontados a intimidaciones, censura, amenazas. Sucede fundamentalmente en América Latina, Asia, África. Pero también en Europa. Los casos abundan.
At almost 79 years of age, Trân Tô Nga says she is fighting “the” battle of her life: trying to hold 14 multinational corporations accountable for the use of “Agent Orange” during the Vietnam War, which destroyed her body and life, and the bodies and lives of many of her fellow nationals. The court action she brought against these corporations in 2014 in France is now in its final stage.
A medida que avanza la pandemia de Covid-19 y queda en evidencia su disparatado y criminal manejo de la crisis, Jair Bolsonaro va perdiendo apoyos incluso entre quienes lo llevaron al poder y el ex capitán anda de lo más nervioso.
Se lo ha dicho mil veces: las políticas de Jair Bolsonaro –todas sus políticas: la sanitaria, la social, la económica– son poco menos que genocidas. Los millares de muertes que dejan cada día justifican repetirlo.
A sus casi 79 años Tran To Nga dice estar librando “la” batalla de su vida: intentar que 14 transnacionales paguen por su responsabilidad en el uso durante la guerra de Vietnam del “agente naranja”, que a ella y a millones de sus compatriotas les destruyó el cuerpo y la existencia. El juicio que les inició en 2014 en Francia entró
en su etapa final.
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En una continuación de hecho de los famosos Papeles de Monsanto, el diario británico The Guardian acaba de dejar al descubierto metodologías similares utilizadas por Bayer, actual propietaria de Monsanto, para que México desista de sus planes de prohibir el glifosato.
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Hace cuatro años que Julio de los Santos lucha para que la justicia reconozca el origen profesional de las graves enfermedades que contrajo trabajando en un arrozal que violaba a su antojo las normas sanitarias, ambientales y laborales y que todavía dicta su ley en un poblado cercano a la frontera entre Uruguay y Brasil.